El tribunal que juzga el 'caso Nóos' ha rechazado la citación como testigos en este procedimiento tanto del actual Jefe del Estado, Felipe VI como de su padre el Rey emérito, cuya presencia ya había sido planteada meses atrás por la defensa del exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, y rechazada por la Sala.
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha explicado tras un receso de hora y media durante el cual la Sala ha deliberado sobre este asunto que mantiene la decisión denegatoria que ya argumentó en un auto del pasado mes de octubre, y ha añadido que no hay circunstancia novedosa que justifique una reconsideración al respecto.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha expresado su protesta por esta decisión, que él había justificado en relación con determinadas facturas del Instituto Nóos que, según ha recordado la presidenta de la Sala, ni siquiera son objeto de acusación es este procedimiento.
En representación de todas las acusaciones, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach mostró su oposición a las citaciones instadas por el abogado de Torres aduciendo que "ya es suficiente" el interés mediático que tiene ese proceso para que se quiera convertir en una "ceremonia para distracción del vecindario".
A juicio del fiscal, las citaciones como testigos de zu Sayn-Wittgenstein o de Irene de Grecia no tienen otra finalidad que "convertir este juicio en un reality show" más que probar los hechos de los que se acusa a los procesados.
El abogado de Torres, sin embargo, ha replicado durante su turno de palabra que no hay ningún testigo de los que ha propuesto que no guarde relación con los hechos y cuya presencia no esté fundamentada en relación con determinados documentos que, paradójicamente, sí se utilizarán como prueba en este juicio.
El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Baleares ya dictó un auto en el que negaba que se hubiera producido "vulneración de normas esenciales" del derecho por haber sido denegadas las citaciones del Rey Felipe VI, la Infanta Elena, Pilar de Borbón o la noble alemana zu Sayn-Wittgenstein.
En su comparecencia de este lunes, el abogado de Torres reincidió en la necesidad de que todas ellas fueran citadas como testigos en el juicio aunque no citó por su nombre ni al actual jefe del Estado ni a su padre, el Rey emérito, a los que se refirió como el "suegro" y el "cuñado" de Iñaki Urdangarín.
En su resolución del pasado 6 de octubre, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares inadmitió "por imperativo legal " la declaración de Rey Felipe VI aduciendo el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que dispone expresamente que el Rey está dispensado de la obligación de prestar declaración.
La defensa de Torres había propuesto un total de 696 testigos, entre ellos Felipe VI, con el objetivo de acreditar cómo la Casa Real estaba al corriente de las actividades desplegadas por el Instituto Nóos.
Cargos valencianos
Los abogados de cuatro de los cargos públicos valencianos que están acusados han pedido al tribunal que admita como prueba un informe sobre el retorno en términos de reputación que supuso para la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia la organización por parte del Instituto Nóos de las cumbres Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.
Antonio Reyes, defensor del exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, ha destacado que el informe establece una correspondencia exacta entre el coste y el beneficio obtenido. Vicente Grima, defensor del exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, han incidido en que contabiliza la presencia en prensa que le reportaron a CACSA los eventos.
Luisa Gurillo, abogada de la que fue la responsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado, ha dicho que el informe indica que lo que esperaba obtener CACSA al suscribir los convenios del Valencia Summit lo obtuvo en repercusión mediática.
También la defensora del exdirector de CACSA, José Manuel Aguilar, la abogada Josefa Rosselló, ha pedido que se admita dicho informe pericial por ser "útil y pertinente" para acreditar el interés público de los convenios y que los acuerdos se suscribieron por CACSA en el marco de la normalidad y no porque dicha entidad careciera de mecanismos de control o de limitación económica como alegan las acusaciones.
La letrada ha señalado que CACSA suscribió otros convenios de colaboración para patrocinar eventos, sin que supusieran vulneración de la legalidad, que indican que aquellos acuerdos no obedecían exclusivamente a que Iñaki Urdangarin era yerno del Rey.
