La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido investigar a los Ayuntamientos de Girona, Celrá (en esta misma provincia), La Seu d'Urgell (Lleida), e Igualada y Sant Cugat del Vallés (Barcelona) para determinar si los miembros de sus respectivos plenos pudieron cometer los delitos de rebelión y sedición, entre otros, al aprobar una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlamento de Cataluña suspendida por el Tribunal Constitucional.
Así consta en una denuncia presentada por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, el pasado 26 de noviembre, en la que se señala que la adopción de acuerdos de apoyo a la resolución del 9-N podría constituir "no sólo delitos de rebelión o sedición" sino también los de "prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones".
La denuncia, remitida a partir de la información facilitada por la Guardia Civil, señala la necesidad de perseguir por la vía penal a quienes hagan "caso omiso" de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista o realicen "actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo por cualquier autoridad (sea local, provincial o autonómica), o por particulares".
En dos de estos casos, los de los ayuntamientos de La Seu d'Urgell y Celrá, los magistrados Fernando Andreu y Santiago Pedraz han incoado diligencias previas de investigación. Los dos jueces han solicitado a las dos corporaciones que les envíen las mociones aprobadas y los informes de los secretarios e interventores municipales y que les faciliten la identidad de los concejales que las apoyaron.
