El PP ha registrado hoy una proposición de ley urgente en el Congreso para que el Tribunal Constitucional tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias, una iniciativa que es la "evidencia", afirma, de que "nadie va a aprobar la independencia de Cataluña".

Se trata de una proposición de ley que han presentado hoy en el Congreso tras su registro el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PPC a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol.

La iniciativa, que se ha registrado por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura, persigue también que el TC pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones, además de imponerles multas de entre 3.000 y los 30.000 euros.

García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro" a los que quieren romper Cataluña del resto de España para que sepan que "la broma se ha terminado".

La proposición de ley modificaría la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, según García Albiol, va "en contra de aquellos que "pretenden saltarse las reglas del juego", no respetan las decisiones de los tribunales y quieren "romper" Cataluña. Es, ha añadido, "la forma más clara de demostrar que no lo van a conseguir".

Según ha explicado Hernando, con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después dos días después de las elecciones catalanas.

A continuación, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura, ha explicado Rafael Hernando.

Xavier García Albiol ha pedido a todos los grupos parlamentarios del Congreso que apoyen la iniciativa, un reclamo que ha dirigido especialmente a Unió Democrática de Catalunya (UDC) y al PSOE.