El juicio contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans ha quedado visto para sentencia después de que él mismo y los otros diez acusados hayan reconocido los hechos y aceptado penas de entre uno y cinco años y medio de prisión.
La vista, que inicialmente estaba prevista hasta finales de mes, ha concluido su tercera jornada tras el pacto que alcanzaron el pasado jueves los acusados con la Fiscalía, por el que atenuaron sus penas.
Y es que, a pesar del acuerdo, el juicio tuvo que proseguir por la oposición de algunas de las empresas consideradas responsables civiles subsidiarias a tener que sufragar las cuantías reclamadas.
Es por ello que este jueves, el que fuera el máximo responsable de la patronal tuvo que declarar, aunque evitó dar detalles, sobre una operación de compraventa "ficticia" de unos locales en Madrid y unas viviendas en Calvià y Ciutadella a su hermano pequeño, y de hoteles del Grupo Marsans al empresario Jamal S.Iglesias.
Se trata de ocho hoteles en España y el Caribe que fueron cedidos por Hotetur, la cadena hotelera de Marsans, al grupo Al Andalus de la familia Iglesias.
Para el abogado de la acusación ejercida por Meliá, esas cesiones fueron sin precio alguno y formaban parte de un plan para vaciar de sus activos a Hotetur en perjuicio de los acreedores de Marsans, por lo que exige que Bluebay, de la que Iglesias es el principal socio, los devuelva.
El letrado también ha criticado a las administraciones concursales, afirmando que no hicieron todo cuanto era posible para evitar el saqueo del grupo turístico.
Ahora, la sección tercera de la Sala de lo Penal tendrá que decidir sobre este extremo en una sentencia en la que tendrá que plasmar también las condenas para los once acusados.
Díaz Ferrán aceptó una pena de cinco años y medio de cárcel frente a los 15 que había solicitado la Fiscalía tras declararse culpable de los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
Los mismos que confesó el "liquidador" Ángel de Cabo, por lo que redujo de ocho a cinco años su pena, mientras que su "mano derecha", que se enfrentaba a cuatro años y tres meses, aceptó dos años y medio.
El fiscal Daniel Campos consideró que se les debe aplicar las atenuantes de confesión tardía y devolución del efecto del delito, ya que han colaborado a la "reinserción a la masa concursal de ciertos concursos cuya existencia se desconocía".
A lo largo de los últimos meses, los acusados han ayudado activamente para hacer aflorar alrededor de 20 millones de euros que hasta ahora permanecían ocultos, y que irán destinados a la masa concursal para devolver la deuda a los acreedores de Marsans.
En el caso de Díaz Ferrán, el fiscal valoró su reclamación de 1.600 millones de dólares a Argentina por la expropiación de Aerolíneas ante el Centro Internacional para el Arreglo de las Controversias relativas a Inversiones del Banco Mundial de Naciones Unidas (CIADI), que aún debe pronunciarse.
Mientras, De Cabo desveló la existencia de varias fincas y terrenos y devolvió 4,9 millones de euros que tenía en una cuenta abierta en Suiza con su esposa, también acusada, Consuelo Garrido, que aceptó ser condenada a un año de prisión, y Losada hizo resurgir otros dos millones que estaban depositados en Luxemburgo.
No obstante, Díaz Ferrán aguarda otro juicio junto a Losada por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años más de cárcel.
Además, en diciembre de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas, operación por la que el juez Fernando Andreu admitió en marzo una querella de la compañía por haberse apropiado indebidamente de 453 millones de dólares.
