Los propietarios de viviendas declaradas ilegales por los tribunales deberán percibir una indemnización antes de proceder al derribo de sus casas, según establece una enmienda transaccional incluida en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha sido aprobada esta tarde por el Pleno del Senado.
Tras más de cuatro horas y media de debate, el Pleno ha avalado, con el único voto del PP, el proyecto de ley al que se han incorporado siete enmiendas transaccionales, una de las cuales establece que las familias cuyas viviendas están afectadas por sentencias de derribo puedan cobrar las indemnizaciones antes del derribo.
La enmienda señala que el juez o el tribunal que ordene la demolición exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, "la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe".
PP y PSOE se han felicitado por la aprobación de esta enmienda que da cumplimiento a la principal reivindicación de las familias afectadas, algunas de las cuales han asistido hoy al Senado.
Esta modificación se suma a otra incorporada ya en la reforma del Código Penal, para paralizar los derribos de viviendas ilegales en las zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.
Asimismo, se añade otra enmienda para que todos los miembros del CGPJ estén sujetos a realizar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares, al tiempo que se incluye otra para modificar la composición y funcionamiento del gabinete técnico del Tribunal Supremo.
En el debate, la oposición ha rechazado el texto tanto por las formas al acusar al PP de legislar "precipitadamente y a golpe de autoenmienda e improvisación", como por el fondo al denunciar que el texto "lamina" la independencia del poder judicial y "refuerza el carácter presidencialista" del CGPJ, si bien el PP ha defendido que la reforma persigue la modernización y agilización de la Justicia.
Luis Rodríguez (PP) ha reprochado a la oposición que se dedique a criticar la labor legislativa de los últimos cuatro años y ha rechazado las denuncias de "manipulación" en la formación del CGPJ.
Desde el PSOE, Tontxu Rodríguez ha acusado a los populares de impulsar por la "puerta de atrás" un texto que esconde "objetivos partidistas para controlar el poder judicial".
Por su parte, los senadores de la Entesa, PNV y CiU han insistido, una vez más, en la implantación de los Consejos Autonómicos del Poder Judicial, mientras que el Grupo Mixto ha denunciado que el texto es uno "de los más manoseados de la legislatura".
La reforma del Poder Judicial modifica el modelo del CGPJ, aprobado hace un año y medio en el proyecto impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, al elevar de cinco a siete los vocales asignados a la Comisión Permanente del CGPJ y eliminar la obligatoriedad de que una mujer presida la Comisión de Igualdad.
Pero también establece la supresión de las categorías de jueces y fiscales eméritos en todos los órganos colegiados en 2017, si bien los magistrados podrán prolongar voluntariamente su jubilación forzosa de los 70 a los 72 años.
