La Guardia Civil ha detenido a dos personas supuestamente relacionadas con la trama de corrupción municipal y autonómica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que las detenciones se llevaron a cabo anoche, dentro de la llamada Operación Púnica, y que una de estas personas fue arrestada tras volver a España de un viaje en el extranjero.
Con estas detenciones y la de ayer de un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son ya 38 los arrestados en la operación y 14 los imputados, aunque algunos de ellos han sido ya puestos en libertad por el juez.
Velasco tiene previsto tomar hoy declaración al exconsejero madrileño y esxecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, así como al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a otros diez detenidos en la Operación Púnica contra la corrupción.
El magistrado de la Audiencia Nacional envió ayer a prisión eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz.
En total, el magistrado tiene previsto finalizar hoy los interrogatorios de los detenidos esta semana en la operación.
También declararán hoy cinco empresarios, dos de ellos Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).
Estos cinco tenían que haber comparecido ayer, pero finalmente sus declaraciones se pospusieron a hoy.
"Una trama organizada"
En el auto dictando las prisiones y libertades, el juez afirma que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.
