La Justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente.
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Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.
Jordi Pujol
La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, investiga al exjefe del Gobierno catalán y su esposa desde septiembre pasado, cuando admitió a trámite una querella de Manos Limpias después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30 años proveniente supuestamente de una herencia de su padre.
La denuncia de Manos Limpias atribuía a Pujol un delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, al tiempo que situaba a su esposa como "cómplice y encubridora" de sus actividades.
Jordi Pujol Ferrusola
Por su parte, el primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones ilegales a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.
El magistrado, que les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, interrogará el próximo 12 de noviembre a once presuntos colaboradores del matrimonio que habrían facilitado o recaudado los pagos investigados. Entre ellos se encuentran los exsuegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, y su excuñado Ramón Gironés Riera.
En un auto dictado este miércoles el magistrado revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México. Ante el juez, sin embargo, el imputado aseguró el pasado 15 de septiembre que no tenía cuentas en el extranjero.
Oriol Pujol
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga también al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que investiga la concesión irregular de estaciones de la ITV en Cataluña. Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.
La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.
De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.
Oleguer Pujol
La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado este jueves varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones.
El resto de la familia, con querellas
Al margen de los tres hermanos imputados, los cuatro restantes (Josep, Pere, Marta y Mireia) tiene interpuestas varias querellas al igual que sus padres, en juzgados de Madrid y Barcelona.
Josep Pujol fue fundador y consejero de EuroPraxis Consulting Holding, que ejecutó trabajos de adjudicaciones públicas para la Generalitat.
Con posterioridad vendió su empresa a la compañía de comunicaciones Indra por 44 millones de euros, empresa que un año después consiguió adjudicaciones de la Generalitat por un valor de 60 millones de euros.
Otra de sus empresas, Tourism and Leisure, se vio involucrada en una investigación de un juzgado de Barcelona en 2002 por la realización de varios estudios para el Consorcio de Turismo de Cataluña por un valor de 124.109 euros.
Pere Pujol, ingeniero agrónomo, trabajó en la empresa Entorn que se benefició de adjudicaciones de la Generalitat.
Junto a su madre y sus hermanas Marta y Mireia, abrieron cuentas en diciembre de 2010 en el BPA (Banca Privada de Andorra) tras cancelar otras en el Banco Andbank, también en el Principado.
En su cuenta del BPA, Pere operó en euros, dólares y yenes japoneses sin hacer ningún reintegro en efectivo, hasta que en julio de 2014 transfirió 701.341 euros al Banco de Madrid.
Marta Pujol, es arquitecta de profesión y en 1999, el PSC registró en el Parlament de Cataluña varias preguntas sobre los siete encargos recibidos por ella correspondientes a cuatro departamentos de la Generalitat por un total de 120 millones de euros.
Mireia, fisioterapeuta de profesión, pidió el pasado 25 de septiembre la baja de Convergencia Democrática de Cataluña por las críticas de este partido a su padre, después de que este reconociera que había guardado fondos irregulares en el extranjero.
Mireia, Marta, Pere y Oleguer regularizaron el pasado 14 de julio sus fondos en Andorra.
Ella declaró 1.116.890,76 euros en una cuenta de la entidad andorrana BPA y ya ha pagado a Hacienda 478.225,08 euros por la regularización de los fondos.
