Es discutible establecer cuál es causa y cuál es efecto, pero el caso es que los escándalos de corrupción y el descrédito de la clase política española aparecen como dos conceptos estrechamente ligados, por lo menos en lo que concierne a dos los dos grandes partidos, representantes de los principales ´corpus´ ideológicos de España desde la Transición. El ´caso Bárcenas´ y el ´caso ERE´ golpean a PP y PSOE, respectivamente, en un momento en el que la población española desconfía cada vez más de los políticos como colectivo en general. Las encuestas muestran que ambas formaciones pierden apoyos, con porcentajes que rondan el 30% de respaldo electoral, aunque el tradicional bipartidismo que rige en España sigue aún lejos de diluirse.

Por orden noticioso, los pasos dados por la juez Alaya para imputar a dos voces con peso dentro del PSOE -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- han sacudido la actualidad socialista, donde la pérdida de apoyos del PP no se está viendo traducida en mayores simpatías hacia la formación que lidera Rubalcaba. Los socialistas no terminan de hallar una línea definida de oposición, algo que también les ocurrió a los populares en los dos primeros años de Zapatero como presidente. La trama de los ERE hace referencia a los más de 130 millones de euros, procedentes de fondos públicos de la Junta de Andalucía, que habrían sido destinados a prejubilaciones fraudulentas y subvenciones irregulares cuando en teoría sus receptores iban a ser empresas y trabajadores que debían afrontar despidos.

El ´caso Bárcenas´, la investigación judicial que está sacando a la luz pública los presuntos sobresueldos de dirigentes del PP y la financiación irregular del partido, está impidiendo que los aún débiles síntomas de recuperación económica lideren la agenda pública de Rajoy, como al Gobierno y a los populares les gustarían. Pieza separada del ´caso Gürtel´, pero imbricado profundamente con éste, el ´caso Bárcenas´ toca de lleno a la tablilla de cuentas e ingresos de los partidos políticos, un apartado en el que las formaciones se han visto obligadas a retirar los candados que habían situado sobre él. Los ingentes gastos de los partidos, derivados de una maquinaria que abarca cada vez más aspectos, se han revelado como una de las aristas más polémicas de la vida política española.

Las novedades semanales sobre el ´caso Bárcenas´ condicionan el ritmo del Gobierno, que preferiría centrarse en su programa reformista. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir a los diputados populares para que hagan pedagogía de las reformas que está implementando el Ejecutivo. Todo con el objetivo de desplazar del primer plano la investigación sobre las finanzas del PP. El otoño que llega, con la reforma de las pensiones como núcleo principal de discusión, definirá la entrada del Gobierno en el ecuador de su legislatura, un camino hasta ahora repleto de obstáculos salvados con distinta suerte.

Los casos de corrupción manchan, pues, a los principales actores de la política española, que son muy conscientes de ello. Tal vez por ello, a menos de un año de las elecciones europeas y con el ánimo de que los escándalos consigan anularse entre sí, el PP ha sido el primero en pedir que el asunto de la ética política salga del debate con urgencia. "Nos lo están pidiendo a gritos los ciudadanos. ¿Nos vamos a enredar, otra vez, a discutir sobre el caso Bárcenas, los ERE o el caso Urdangarin? Por favor, no se puede renunciar a eso. Entiendo que es de interés público, pero no durante las elecciones europeas", ha indicado en declaraciones a Radio Exterior Antonio López-Istúriz, eurodiputado del PP. Según López-Istúriz, el modo de conseguir esto es firmando "un pacto no, porque parecería sospechoso de cara la opinión pública, pero sí un acuerdo, una entente" para dejar atrás los discursos sobre los casos de corrupción que afectan a la vida pública española.