Cuarto de ESO podría orientar hacia Bachillerato o FP

EFE El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha propuesto este lunes que el último curso de la enseñanza obligatoria (cuarto de ESO) sea de orientación, con perfiles hacia Bachillerato o FP, y que los cambios normativos pertinentes requieran dos tercios del Parlamento.

Quienes al terminar tercero de ESO no estén en condiciones de acceder a ninguna de esas opciones podrán repetir este curso, con los refuerzos adecuados; cursar un programa de diversificación curricular o un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de dos años, que ahora comienza al terminar la ESO sin titulación.

Al finalizar cualquiera de las dos opciones de cuarto de ESO (Bachillerato o FP), el alumno obtendrá el título de Graduado, lo que le permitirá proseguir en los estudios postobligatorios.

La duración del Bachillerato (que continuaría formalmente en dos cursos) queda "reforzada" por la opción de orientación del último curso de ESO, lo que permitiría que cumpla "mejor" sus funciones, según el documento de cien medidas para un Pacto Social y Político por la Educación que Gabilondo ha presentado hoy a los consejeros autonómicos.

Se establecerán "convalidaciones recíprocas" entre las materias de Bachillerato y de FP para facilitar el cambio de opción de los alumnos que lo deseen.

La idea es "un sistema con mucha flexibilidad y transversalidad, que permita las pasarelas", también entre FP y la Universidad, y el estudiante no quede "encerrado" en una primera opción formativa, ha señalado Gabilondo en la conferencia de prensa posterior a la conferencia sectorial.

En sexto de Primaria y tercero de ESO se realizará una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas por el Instituto de Evaluación a todos los estudiantes de estos niveles, con carácter formativo, orientador y de refuerzo educativo. Ahora son en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria.

El documento, elaborado a partir de las propuestas de CCAA y comunidad educativa, habla de promover contratos-programa plurianuales entre las administraciones educativas y los centros con vistas al éxito de todos los alumnos.

Anualmente se presentarán medidas específicas para objetivos concretos vinculados a una memoria económica, con aportaciones del Gobierno central y de los autonómicos, con la idea de alcanzar en 2015 la inversión media en educación de la UE.

Obligatoriedad hasta los 16

Ha defendido Gabilondo que los alumnos sigan formándose al menos hasta los 18 años, aunque la obligatoriedad sea hasta los 16 años, para que en 2020 el 85% de ellos (ahora son el 70%) estén formándose o tenga un título postobligatorio que asegure que puedan ser contratados, no sólo en Bachillerato, sino también en formación vinculada al empleo.

Además se plantea analizar la normativa que regula los procesos de escolarización y la regulación de los conciertos y asegurar la escolarización "equitativa" de los alumnos con dificultades de aprendizaje, inmigrantes o minorías étnicas.

Al mismo tiempo, "favorecer la libertad de elección" de las familias, facilitándoles información de los proyectos educativos de los centros.

En cuanto al profesorado, se habla de "promover su autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones".

Mayoría de dos tercios

Tanto los cambios normativos como las futuras modificaciones que se puedan derivar del pacto "precisarán una mayoría parlamentaria de dos tercios", según indica el texto, con vistas a garantizar el apoyo de, al menos, los dos grandes partidos.

La propuesta de mayoría cualificada es "un gesto de convicción y lealtad", ha dicho el ministro, para una estabilidad normativa.

Preguntado por si el texto recoge la garantía de la enseñanza en castellano, como quiere el PP, no lo ha considerado imprescindible, y se ha remitido al "pacto constitucional" sobre este asunto, lo que no impide que se vayan a evaluar los conocimientos de esta lengua.

"El espíritu que quiere este pacto es el de la Constitución, y el estilo y modo de hacerlo también", ha señalado apelando a la generosidad de todos.

En relación a si el pacto de Estado de educación es compatible con la Ley de Educación Catalana, ha respondido: "No encuentro en esta ley ninguna obstáculo para ser compatible con nuestras propuestas".

El PSOE ha subrayado que la propuesta, que se debatirá durante febrero, refleja la voluntad del Gobierno de avanzar en el pacto educativo, mientras que las comunidades que gobierna el PP han mostrado disposición al acuerdo, aunque han pedido un "mayor esfuerzo" en la cuestión lingüística como en lo referido a la libre elección de centros.