EFE. MADRID
La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega defendió ayer que la gestión del Ejecutivo en la liberación del Alakrana "ha sido impecable" y que "en todo momento" supo dónde y cómo se encontraba la tripulación, frente a las acusaciones de improvisación y descoordinación del conjunto de la oposición. De la Vega, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, explicó que el Ejecutivo está "razonablemente satisfecho" por la gestión para liberar el atunero vasco y anunció que activará un protocolo para la actuación en incidentes como el del Alakrana. La vicepresidenta desveló que el Ejecutivo llegó a plantearse una intervención del Ejército para liberar al atunero.
Durante sus más de tres horas y media de comparecencia, la vicepresidenta no se refirió al pago del rescate y apuntó, sobre la controversia sobre si tres marineros fueron desembarcados, que el Ejecutivo "supo que bajaban" y que "al poco tiempo" volvieron a subir. Según la vicepresidenta, el Gobierno actuó siempre respetando la ley y las normas internacionales "de principio a fin".
Tras afirmar que la misión ha sido cumplida porque el barco está liberado y los tripulantes en casa sanos y salvos, De la Vega rechazó o las acusaciones de imprevisión y descoordinación del Gobierno y ha asumido la responsabilidad política de la gestión. "No ha habido fisuras" , subrayó la vicepresidenta, quien también elogió el papel de los militares españoles y reveló que "no se descartó ninguna opción, ni la de intervenir". También explicó que la entrega de los piratas a la Justicia no fue "nunca una opción, sino una obligación legal", que "no retrasó, ni entorpeció, ni impidió" el resultado final. Tras reiterar que se ha cumplido la ley de manera "escrupulosa", no quiso "por motivos de seguridad" y "responsabilidad" dar detalles sobre las gestiones y remitió el caso a la Comisión de Secretos Oficiales, si así lo acuerda el Congreso. Aunque De la Vega comenzó agradeciendo a los partidos su actitud durante los 47 días del secuestro, acusó al PP de una "irresponsabilidad absoluta" por sus críticas, que "no beneficiaron ni a la tripulación, ni a quienes trabajaban para la liberación".
La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al Gobierno en una dura intervención que asuma su responsabilidad para evitar en el futuro otro "bochorno nacional". Sáenz de Santamaría censuró la falta de previsión del Gobierno y llegó a acusar a De la Vega de ser "capaz de invocar la mentira como razón de Estado". También advirtió de que "pagar un rescate y legalidad son expresiones irreconciliables" y de que el Ejecutivo tiene "muchos prejuicios sobre lo que supone el uso legal y proporcionado de la fuerza".
Aunque expresó la alegría del PP porque los tripulantes hayan vuelto a casa, la portavoz del Grupo Popular dijo que no entendían que había pasado para que no se haya apresado a los piratas. "¿Qué ha pasado de verdad para que fallara la operación de apresamiento? No vuelva a buscar culpables y menos en las Fuerzas Armadas, porque tienen preparación y medios. Falla el mando político. Olvidan que a veces hay que usar la fuerza para defender el Derecho", proclamó, cosechando un aplauso de la bancada popular. Poco después, y respondiendo a las preguntas del diputado popular Arsenio Fernández de Mesa, la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró que los militares españoles "hicieron lo máximo dentro de la ley" para tratar de efectuar detenciones de piratas tras la liberación. Además, añadió el Ejército español no está autorizado para intervenir en tierra, ni tampoco a tirar a matar, al tiempo que recordó que la distancia hasta la playa, "donde les esperaba mucha gente y se podían haber causado daños colaterales", era de sólo 1,7 millas "y por eso no dio tiempo. Si me pide que empuje a los militares a cometer actos ilegales para que después tengan que responder ante los tribunales, no cuente conmigo", argumentó la ministra.
Por su parte, el PNV y el BNG coincidieron en señalar "los errores" del Gobierno, en especial en el traslado de los dos piratas, y exigieron más seguridad de la UE para los pesqueros que faenan en el Índico. El resto de grupos, salvo IU, pusieron también pegas a la labor que hizo el Ejecutivo y reclamaron un patrón de actuación ante este tipo de crisis.