Ocho de los diez diputados de CiU en el Congreso presentaron esta tarde una enmienda a la totalidad de la reforma de la Ley del Aborto promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos diputados catalanes se unen así al PP, UPN y UPyD, que también han pedido la devolución del texto al Ejecutivo.
La enmienda de los nacionalistas catalanes ha sido firmada por los cuatro diputados de Unió Democrática (UDC) y por cuatro de los seis de Convergencia Democrática (CDC), aunque cada parte esgrime sus propios motivos.
Por un lado, los democristianos liderados por Josep Antoni Duran i Lleida argumentan que una ley de plazos "es inconstitucional", que el proyecto del Gobierno muestra "un total desinterés por la vida del aún no nacido" y además no contiene "medidas adicionales de ayuda a la embarazada, salvo la de facilitar la interrupción del embarazo".
De este modo, rechazan que el aborto se pueda convertir en un derecho, puesto que "no existe el derecho a causar un mal objetivo: la destrucción de la vida del aún no nacido". Además, arremeten contra el artículo que permite a las chicas de 16 años abortar sin conocimiento de sus padres porque, entre otras cosas, "degradada la patria potestad".
Asimismo, recuerdan que la reforma no estaba incluida en el programa electoral del PSOE y creen que es "una cortina de humo" para tapar "los problemas que afectan en la actualidad muy gravemente a la sociedad española". En su opinión, la nueva ley "no es oportuna" y el Gobierno "debería concentrarse en sacar a España de la grave y singular crisis económica que padece".
Por último, recalcan que recientes encuestas demuestran que la sociedad española es "ampliamente contraria" al proyecto de ley elaborado por el Gobierno y piden "garantizar la efectiva aplicación" de la vigente norma.
Por otro lado, los cuatro diputados de Convergencia aseguran, a título particular, también creen que es una cortina de humo y que la nueva norma "ha sido presentada sin el necesario consenso político y social previo".
Evitar abortos
En el texto, resaltan que los poderes públicos y la sociedad tienen la obligación de intentar evitar los abortos, a través de alternativas sólidas que fomenten el apoyo a la familia, a la maternidad y el ejercicio de una sexualidad responsable.
"El aborto es una situación que comporta siempre un fracaso colectivo y que afecta directamente a la mujer gestante (cuya decisión compleja de abortar nunca es fácil, generando graves conflictos e importantes secuelas) y al ser humano en formación que merece una protección de los poderes públicos", señalan.
Ante las "graves disfunciones" de la actual ley, apuestan por "legislar para evitar las actuales situaciones abusivas que comportan una grave desprotección del nasciturus, pero la respuesta no debe ser necesariamente una ley de plazos".
Así, plantean "una mejor regulación de los actuales supuestos que no pivote siempre en la consideración del aborto como derecho y que intente aportar alternativas y ayudas eficaces a la mujer que finalmente desee continuar con su embarazo".
Además, acusan al Gobierno de intentar "crear un falso enfoque frentista entre pretendidos progresistas y no progresistas, que se aleja de la compleja realidad que un asunto de esta dimensión ética, humana y social comporta".
