EFE
Desde que el mes de julio aparecieran los primeros indicios de irregularidades en el Palau de la Música, las cifras del desvío de fondos han ido en aumento pasando de los 3,3 millones de euros de la confesión inicial de Fèlix Millet a los 23 millones constatados por las dos auditorías conocidas hoy.
La confesión de Millet de haberse apropiado, al menos, 3,3 millones de euros hizo aflorar la "vergüenza" de los políticos catalanes y la indignación de los grandes y pequeños patronos de la Fundación.
Posteriormente, la propia Fiscalía elevó a 20 millones los fondos desviados en un recurso de apelación que presentó ante el juez contra la libertad provisional de Fèlix Millet y Jordi Montull.
En ese recurso, la Fiscalía hacía hincapié en el hecho de que, además de los recursos desviados sin justificación, seguían "aflorando mas depredaciones", como las bodas de las hijas de Millet que se celebraron en el Palau y con cargo a esta institución (con un coste total de 200.000 euros), así como otros gastos de índole personal y la percepción "injustificada de primas o estipendios no se sabe por qué gestión".
El agujero negro del Palau ha ido engullendo millones de euros a medida que las investigaciones avanzaban hasta que el detalle de las auditorías de la Generalitat y del Palau, encargada a la empresa Deloitte, lo han cifrado en 23 millones de euros.
Caso Palau salta a la política
El caso Palau saltó también al terreno de los partidos cuando se supo que la Fundación Trias Fargas, ligada a Convergència Democrática de Catalunya (CDC), había recibido 630.000 euros de la Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Música, cifra que corresponde a siete convenios anuales firmados entre ambas fundaciones entre 1999 y 2009.
Los dirigentes convergentes negaron que el partido se quedase con el dinero y explicaron que los convenios tenían como objetivo impulsar la difusión de la música catalana y "fortalecer" el Palau de la Música "como símbolo y motor" cultural de Cataluña.
Polémica judicial
El caso Palau tiene también su polémica judicial, primero por la decisión del juez Juli Solaz de no citar a declarar a Millet y a su mano derecha Jordi Montull hasta casi tres meses después de descubrirse las irregularidades.
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