La vicepresidenta segunda de la Diputación de Lugo y máxima responsable del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), Lara Méndez (PSdeG), ha sido requerida, junto con otros dos funcionarios provinciales, por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo para declarar en relación a procesos de adjudicación de obras en la provincia.

La jueza Estela San José, la misma que lleva la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras en el Ayuntamiento de Castro de Rei, acabó sobre las 17.30 horas de recopilar información en el edificio administrativo del Fogar de Santa María, donde tienen la sede el Inludes y el departamento de Vías y Obras.

Funcionarios que permanecieron en el edificio administrativo durante la recopilación de información, señalaron a la Diputación de Lugo que la jueza les dijo, una vez concluida esta labor, que la iban a acompañar a los juzgados la vicepresidenta segunda de la Diputación de Lugo y dos técnicos provinciales para prestar declaración entre esta tarde y mañana, pero que no iban en calidad de detenidos, según fuentes provinciales.

Al respecto, el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, también indicó, en declaraciones a los medios, que no le constaba que hubiese "ningún tipo de detención".

Fuentes provinciales señalaron que la jueza requirió "muy poca" información y documentación y que ésta está relacionada con ayuntamientos de la provincia de diverso color político y con el departamento de Vías y Obras y arranca en 2006, cuando la Diputación de Lugo aún era gobernada por el PP. Posteriormente, desde las municipales de mayo de 2007, la Diputación de Lugo está gobernada por una coalición entre PSdeG y BNG, de forma que los socialistas gestionan la presidencia y la vicepresidencias segunda y los nacionalistas, la primera y la tercera.

Máxima colaboración

Sobre las 11.00 horas de hoy, se trasladaron a las dependencias administrativas del Fogar de Santa María agentes de la Policía Judicial, que solicitaron a Lara Méndez y a técnicos colaboración con unas diligencias abiertas. Por su parte, la Diputación de Lugo ha subrayado que ofrece "la máxima colaboración" en la investigación.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo es el que lleva la investigación sobre supuestas irregularidades en la contratación de obras del Ayuntamiento de Castro de Rei, por la que fueron detenidos e imputados el alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, y tres concejales --dos del PSdeG y uno de TeGa--.

Además, la titular de este juzgado fue también la encargada de la instrucción sobre el supuesto sobreseimiento irregular de multas de tráfico en Lugo, que condujo a la dimisión del subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, y del director provincial de Tráfico, Julio González.