Registran un despacho de abogados por su posible relación con ETA

EFE Los registros que desde esta mañana lleva a cabo la Guardia Civil en un edificio de oficinas ubicado en la calle Astigarragako Bidea de la localidad guipuzcoana de Oiartzun se enmarcan en una operación dirigida por el juez Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

La operación se inició poco después de las diez de la mañana y un amplio dispositivo de guardia civiles, compuesto por jeeps, una furgoneta y una veintena de agentes del instituto armado, se trasladó a la citada calle.

Según las mismas fuentes, estos registros no tendrían relación con la reciente operación contra la cúpula de Batasuna --dirigida por el juez Baltasar Garzón--en la que fueron detenidos Arnaldo Otegi y Diéz Usabiaga, entre otros dirigentes 'abertzales' que se organizaban bajo el nombre de 'Bateragune'.

Los miembros de la Guardia Civil realizan registros en el edificio de oficinas, aunque, pasadas las once y veinte de la mañana, no parecía haberse producido ninguna detención.

En este edificio se encontraba la antigua sede de Batasuna en la citada localidad y actualmente en ese lugar tiene su despacho de abogados Joseba Agudo Mancisidor, conocido abogado del Movimiento Pro Amnistía en favor de los presos de ETA y, de hecho, ha participado como representante de este colectivo en varias ruedas de prensa.

Comité de refugiados

En concreto, a Agudo Mancisidor podría tener relación con el 'Comité de refugiados' para lo que realizaría gestiones destinadas a retornar al País Vasco a miembros de ETA en el extranjero.

Este abogado fue el encargado de leer un comunicado en el que convocaban un acto en enero de 2007 en el Velódromo de Anoeta para avanzar en el proceso que, según indicaron, "permita a Euskal Herria conquistar su libertad".

En 2006, el letrado también se pronunció en un acto en apoyo a los presos de ETA cuando reclamó que seis personas huidas de España y detenidas en México en 2003 por su presunta pertenencia a ETA fueran juzgadas en ese país y no extraditadas a la Audiencia Nacional.

Agudo, quien también fue miembro de la Asociación de Abogados del País Vasco, fue portavoz de Askatasuna, cuyas actividades quedaron suspendidas en febrero de 2002, tras demostrarse que esta organización había sustituido en sus funciones a Gestoras pro Amnistía.