EFE
La detención hoy de al menos siete destacados miembros de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, cuando planeaban "renovar" la Mesa Nacional de la coalición ilegalizada, es la tercera operación en dos años que frustra los planes de la izquierda abertzale de reconstruir el "frente político" de ETA.
La operación de hoy se ha desarrollado en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, que ha sido el lugar donde los nuevos dirigentes de Batasuna se habían estado reuniendo en las últimas semanas.
Fuentes de las investigación han explicado a Efe que los ahora detenidos eran objeto de un especial seguimiento por parte de los Servicios de Información, ya que se sospechaba que pretendían reconstituir la dirección de Batasuna, desmantelada en la operación de Segura (Guipúzcoa) del año 2007.
Entorno a Otegi, los arrestados habían formado un grupo denominado "Bateragune", germen de una futura Mesa Nacional, que tenía como primer objetivo el regreso de Batasuna a las instituciones políticas del País Vasco.
Con esta operación desarrollada en Guipúzcoa por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la Policía ha vuelto a frustrar los intentos de Batasuna de renovar a su cúpula, en un momento en el que la estrategia política de la izquierda abertzale ha sido cuestionada por la dirección de ETA, que a su vez ha visto como sus principales dirigentes han sido detenidos uno tras otro.
El pasado mes de enero, en otra operación coordinada por Garzón, la Policía detuvo a otras nueve personas acusadas de intentar reconstituir la dirección de la ilegalizada Batasuna, entre ellas la portavoz de la plataforma "Demokrazia 3 Milioi (D3M)", Amparo Lasheras.
Y hace ahora dos años, el 4 de octubre de 2007, fueron arrestados también por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna -elegida en 2006- mientras mantenían una reunión en Segura (Guipúzcoa) para debatir la renovación de su cúpula, tras lo que dictó prisión incondicional para 17 de ellos.
En esa ocasión la operación policial se desarrolló en el marco del sumario 35/02, que instruía Garzón y que investigaba la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas" controladas por la formación abertzale.
El 26 de agosto de 2002, y dentro de ese mismo sumario, Garzón había decretado ya la suspensión de actividades de Batasuna, siete meses antes de que fuera ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.
En enero de 2006 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que sustituía a Garzón, renovó por dos años la suspensión de actividades de Batasuna.
Garzón levantó en enero de 2008 dicha suspensión de actividades, ya que esta medida sólo puede mantenerse por ley por un periodo máximo de cinco años, aunque el juez advirtió de que la ilegalidad del partido impedía a sus integrantes realizar cualquier tipo de actividad política.
El 1 de abril de 2008, Garzón dio por concluido el sumario 35/02, en el que están procesadas 41 personas, entre ellas el propio Arnaldo Otegi, a la espera de la celebración del juicio.
