OTR/ PRESS. MADRID.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dictó ayer una orden de búsqueda y captura contra la etarra Maite Aranalde, tras conocer que la joven, que salió la pasada semana de la cárcel de Soto del Real (Madrid), se encuentra en paradero desconocido. Después de su puesta en libertad, la Fiscalía ya había solicitado que se impusieran mayores medidas de seguridad a Aranalde, debido a que existía riesgo de fuga. Aranalde salió de prisión bajo fianza tras un error de la Justicia francesa.
Garzón, que regresó este lunes de sus vacaciones, terminó su primera jornada laboral del nuevo curso revocando la libertad provisional de la que disfrutaba la miembro de ETA, por orden del juez Eloy Velasco -que sustituía a Garzón en su ausencia- y dictó su ingreso en prisión. Según el auto dictado, existían indicios suficientes para haber dictado prisión contra la etarra y asegura que su sustituto no debió haberla dejado en libertad. Garzón, recuerda en el documento a su compañero el juez velasco, que su obligación es "velar exclusivamente porque la procesada no se sustraiga a la acción de la justicia, riesgo que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional incondicional de la misma".
Tras su decisión, las Fuerzas de Seguridad del Estado se dirigieron al domicilio de Aranalde para proceder a su arresto, ésta no se encontraba en la vivienda y no lograron localizarla. Después de comprobar que la etarra se había dado a la fuga, el magistrado inició los trámites para formalizar una orden de busca y captura.
Un error judicial permitió la puesta en libertad de la terrorista. Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un recurso en contra de la decisión del juez Velasco y solicitó, además, que se le impusieran a Aranalde mayores medidas de seguridad para garantizar que la terrorista no huyera del territorio español, como finalmente ha sucedido. La Fiscalía intentó evitarlo y pidió que las comparecencias impuestas fueran diarias en lugar de semanales.
La etarra fue entregada a España el pasado martes, después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos. No existía documentación sobre su participación en la colocación de varias bombas durante el Puente de la Constitución en 2004. Velasco decretó su ingreso por esta acusación de posesión de dinamita y le impuso para eludir la cárcel una fianza de 12.000 euros que fue abonada por su familia. El Juzgado responsable de la otra causa se vio impedido de dictar medidas en su contra ante la carencia de papeles.