AGENCIAS. MADRID
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconoció ayer que el PP tiene derecho a defenderse ante las filtraciones sobre el caso Gürtel, pero consideró que este partido debería antes "predicar con el ejemplo" asumiendo responsabilidades antes de "poner en la picota" a la Policía Nacional.
El SUP respondía así en un comunicado a la denuncia presentada el pasado viernes por el PP en la que pide que se investigue el origen de las filtraciones y solicita que se tome declaración a varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía. "El PP debería realizar una investigación previa, abarcando además de a la Policía a la judicatura, a la fiscalía y entre sus propias filas, antes de disparar a ciegas y exclusivamente contra los policías", recomendó el sindicato, que además insistió en que las filtraciones "no proceden de ningún policía".
Tras dejar claro que las filtraciones son un delito y deben ser perseguidas, el SUP alertó al PP de que "quienes exigen la presunción de inocencia" para personas sobre las que hay "sólidos indicios" de su implicación en un caso de corrupción deberían "predicar con el ejemplo antes de poner en la picota" a un cuerpo de seguridad del Estado. "Hasta ahora sabíamos que intervenir contra grupos terroristas era asumir denuncias de torturas o malos tratos. A partir de ahora sabemos que siempre que intervengamos en delitos de corrupción con políticos implicados seremos objeto de otras denuncias", lamentó el sindicato.
En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, habló ayer -al ser preguntado por la denuncia de las filtraciones- de la existencia de una "mano negra" en la trama Gürtel que trata de perjudicar "el buen nombre" del PP.
"Es obvio que Camps mintió"
Por otra parte, el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, señaló, en una entrevista a Europa Press, que es "bastante obvio ya" que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido" en la Cámara en relación a su supuesta implicación en el caso Gürtel y remarcó que, "en último extremo, serán los ciudadanos los que valoren su responsabilidad política" en las próximas elecciones, "si es que Camps se vuelve a presentar", aseveró, y añadió que sería "gravísimo" que la actuación del dirigente popular quedara "impune" y "sin ningún tipo de sanción política".
Señaló que el auto del juez instructor del pasado 17 de julio, en el que se concreta la imputación y se solicitan nuevas pruebas, pone a Camps "al borde del banquillo, salvo que la sala acepte alguno de los recursos" de los imputados, algo que considera "muy difícil" porque los indicios "están claros", y remarcó que el proceso "ya no tiene marcha atrás".
Luna destacó que la documentación que existe en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra Camps, el secretario general del PPCV y portavoz popular en la Cámara, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret por un supuesto delito de cohecho y los propios autos dictados por el juez instructor "han puesto en evidencia que el presidente ha mentido ante las Corts Valencianes".
Como respuesta, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, Rafael Maluenda, acusó ayer al PSPV y, en especial, su síndic, Ángel Luna, de reducir todo su trabajo "a perseguir a los populares valencianos y a sembrar la sospecha sobre toda nuestra gestión, que se está demostrando que es correcta en todas sus facetas".