Colaboración antiterrorista con Marruecos

EFE. RABAT Marruecos y España han avanzado en la lucha conjunta antiterrorista con la firma de un nuevo convenio de asistencia judicial en materia penal y de otro de extradición. El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, consideró en Rabat "una noticia muy importante" para ambos países la actualización y renovación de esos dos tratados bilaterales, existentes desde 1997.
Con el de asistencia judicial se recoge la posibilidad de que la autoridad interesada indique las formalidades y procedimientos que deben seguirse en el cumplimiento de lo solicitado dentro de esa cooperación, y se incluye, entre otras novedades, la excepción de los delitos de terrorismo al hablar de delitos políticos.
Tal y como explicó Caamaño, "hemos precisado claramente que dentro del concepto de delitos políticos nunca haya lo que nosotros consideramos que es siempre un atentado terrorista. Eso supondría que no se podría denegar la extradición invocando que no es un delito terrorista sino uno político". Según el ministerio de Justicia, también incorpora la posibilidad del traslado temporal de personas detenidas para la práctica de diligencias de instrucción en una investigación abierta, y aborda formas de asistencia antes no contempladas, como las entregas vigiladas, en relación con delitos que puedan dar lugar a la extradición.

Información bancaria
"Se dan saltos en la colaboración muy importantes, por ejemplo permitiendo información sobre cuentas bancarias, incautación de bienes y una serie de medidas que podrán acordar sus jueces y nuestros jueces conjuntamente y que tienen por objeto luchar contra el crimen organizado", detalló el ministro a la prensa.
El convenio de extradición renueva el firmado entre Rabat y Madrid en mayo de 1997 y recoge la pena de muerte y la cadena perpetua como motivos obligatorios de denegación de extradición en caso de que el Estado requiriente no aporte garantías suficientes de que ambas penas no se van a ejecutar. "Nos parece que un país como el nuestro, que condena la pena de muerte, no debe mantener convenios con países que la mantengan", afirmó Caamaño.