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EFE El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reconocido hoy en el Congreso que la retroactividad de la reforma de la jurisdicción universal pactada por las fuerzas políticas "está por definir" y que serán los jueces quienes consideren si los nuevos preceptos deben aplicarse a causas ya abiertas.
Caamaño se refería así en el Congreso a la posibilidad de que los límites a la aplicación de la jurisdicción universal -introducidos en una de las enmiendas consensuadas por los grupos parlamentarios en la reforma de la Ley de la Oficina Judicial-, puedan afectar a algunas de las causas que investiga la Audiencia Nacional sobre crímenes presuntamente cometidos por Israel o China, entre otros.
El titular de Justicia ha dicho que lo normal es que la ley entre en vigor a partir de su publicación, pero que el alcance y la retroactividad del proyecto "está ciertamente por definir".
Además ha negado que esta modificación pretenda limitar la esencia de la jurisdicción universal, que considera una obligación ineludible de cualquier Estado que defienda las libertades y los derechos fundamentales.
Lo que persigue la reforma, según el ministro, es una "aplicación prudente", en coherencia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Supremo, para lo que se ha previsto incluir en la ley algunos principios imprescindibles que no estaban, como el de subsidiariedad.
Caamaño ha destacado el amplio consenso alcanzado por las fuerzas políticas en torno a esta modificación y el respaldo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la reforma.
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