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EFE Este acuerdo permitirá acometer otras reformas para mejorar el servicio público a los ciudadanos.
Caamaño ha valorado así el pacto mayoritario alcanzado entre las fuerzas parlamentarias en la tramitación del proyecto de ley para la implantación de la nueva Oficina Judicial, en el que, a través de varias enmiendas, los grupos políticos han dado cumplimiento a muchas de las reivindicaciones de los jueces.
"Existe pues un consenso básico de las fuerzas políticas y de quienes trabajan día a día por la Justicia", ha destacado, que permitirá acometer otras reformas para mejorar la Administración de Justicia.
El ministro considera que, tras ese acuerdo, no hay motivos para una nueva huelga de la carrera judicial, ya que se han recogido muchas de las demandas que estaban en el origen de las protestas de los jueces.
En concreto, Caamaño ha resaltado el consenso alcanzado por los grupos en las enmiendas relativas a la agenda de señalamientos, la fe pública, el ascenso forzoso y otras medidas para fomentar la conciliación familiar y laboral, así como la creación de la figura del juez de adscripción territorial y la limitación de la jurisdicción universal.
El acuerdo alcanzado en el Congreso se suma, según ha destacado el ministro, a otro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por unanimidad ha apoyado esta reforma, que ha sido fruto de las intensas negociaciones que el Ministerio ha llevado a cabo en los últimos meses con todos los sectores implicados.
En este sentido, ha agradecido el esfuerzo de las asociaciones de jueces, los secretarios judiciales, los sindicatos y demás agentes con los que se ha negociado el proyecto.
En materia de señalamientos, finalmente se ha admitido la posibilidad de que sea el juez quien marque "el ritmo" de trabajo de los tribunales y tenga la última palabra para fijar la hora y fecha de los juicios, tarea que la reforma atribuía al secretario judicial.
Por su parte, la mayoría de las asociaciones de secretarios judiciales consideran un avance que las grabaciones no excluyan su presencia en las vistas, que se permitirá cuando la complejidad o notoriedad del juicio lo requiera o porque lo pidan las partes.
Otra de las enmiendas, de las que se han desmarcado los grupos nacionalistas, establece el pago de un depósito previo a la interposición de un recurso ante los tribunales para evitar los "abusos" de esta práctica.
Parte de los ingresos que se obtengan de este depósito se destinarían a financiar el proceso de modernización de la Justicia, en concreto la plataforma de conexión de los sistemas informáticos.
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