Los jueces ven razonable limitar la jurisdicción universal de la Audiencia

Las asociaciones judiciales consultadas por Efe han calificado como "razonable" que se acometa una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de limitar en España la aplicación del principio de jurisdicción universal, como ayer aprobó el Congreso de los Diputados.

EFE El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha destacado la necesidad de encontrar un equilibrio en la modificación que se pueda hacer del artículo 23 de la LOPJ para "limitar y clarificar" el alcance del principio de jurisdicción universal penal.

Por ello se ha mostrado de acuerdo con intentar "afinar" el marco legal para evitar las fricciones diplomáticas pero sin retroceder en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad.

Sobre cómo debería realizarse la reforma, García ha considerado que un criterio "extraordinariamente razonable" es el de subsidiariedad que, ha dicho, ya se aplica, aunque sería positivo que tuviera una plasmación en un texto legal para aclarar su aplicación.

En este sentido, ha considerado que no es razonable que un Estado se pueda entrometer en la persecución de delitos de otro país, a no ser que se constate que no está siendo objeto de investigación ni lo va a ser.

Con esta opinión coincide el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, que considera que la Audiencia Nacional no puede convertirse en un Tribunal Penal Internacional único en todo el mundo, cuando no ha sido adoptado por el resto de países a los que pueden afectar estas decisiones.

Sexmero cree que, además del colapso de asuntos que esto puede provocar en la Audiencia Nacional, no existen garantías suficientes para llevar adelante ese modelo, por lo que ve razonable limitar la jurisdicción universal a asuntos en los que existan intereses españoles o los responsables del delito se encuentren en España.

También el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, considera que "la Justicia española no está para resolver los problemas del resto del mundo" y desperdiciar así recursos y medios en resoluciones que únicamente tienen un resultado mediático.

Gallardo ha indicado que "está muy bien" que España asuma la responsabilidad de perseguir determinados delitos contra los derechos humanos "ocurran donde ocurran", pero siempre dentro de unos límites, en el marco de la colaboración y los tratados internacionales y respetando la soberanía de otros países.

El representante del FJI cree que determinadas resoluciones judiciales dan la impresión de que se busca un "protagonismo personal" más que otra cosa.

"Y la labor de los jueces no es buscar protagonismo, sino hacer Justicia y resolver con eficacia", ha concluido.