Nueve precedentes

A lo largo de la democracia ha habido nueve presidentes imputados por diferentes causas:

Juan José Ibarretxe. Lehendakari entre 1999 y 2009, declaró como imputado en enero de 2007 por haberse reunido con representantes de Batasuna.

Jaime Ignacio del Burgo. Presidente de la Diputación Foral de Navarra (UCD), fue acusado el 23 de febrero de 1980 por malversación de fondos, causa por al que la que fue destituido , y en 1984 fue exculpado por los tribunales.

Demetrio Madrid. Presidente de la Junta de Castilla y León (PSOE) entre 1983 y 1986, fue imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa de la que era propietario. En 1990 fue absuelto.

Carlos Collado. Presidente de Murcia de 1984 a 1993 (PSOE), dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el 'caso Casa Grande', del que finalmente fue absuelto en 1997.

Gabriel Cañellas. Presidente de Baleares (PP), que dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cargo fue imputado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública. En 1997 fue absuelto.

Javier Otano. Presidente de Navarra (PSOE) en 1996, dimitió tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del 'caso Roldán'. También declaró como imputado por el 'caso Otano', que se cerró porque el delito había prescrito.

Gabriel Urralburu. Presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue encarcelado en 1995, por cobrar comisiones ilegales en obras públicas. El primer presidente regional encarcelado fue condenado a 11 años y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros.

José Marco. Presidente de Aragón (PSOE) entre 1993 y 1995, dimitió y fue condenado a 13 meses de cárcel y 6 de inhabilitación por malversación y falsedad en documento público. En 1998, fue condenado a 9 meses de prisión, 2 de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.

Juan Hormaechea. Presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, fue condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos.