EFE
La medida permitirá a las entidades locales que lo deseen acceder al crédito en el mercado financiero en un plazo de tres meses desde el momento en que entre en vigor la norma que ahora se está estudiando.
Los negociadores barajan un plazo de amortización de seis años, con uno o dos de carencia, y la posibilidad de realizar cancelaciones anticipadas.
Según las mismas fuentes, con esta medida se pretende facilitar los pagos de los municipios que tengan remanente de tesorería negativo para gastos generales u obligaciones vencidas pendientes de aplicar con cargo al ejercicio de 2008 o anteriores.
El dinero que obtengan las entidades locales tendrá que destinarse a cancelar las deudas con los acreedores en el plazo máximo de un mes desde la formalización de la operación.
Asimismo, los ayuntamientos asumirán la obligación de poner en marcha un plan de saneamiento por un periodo que coincida con el de amortización.
La FEMP ha valorado la medida, aunque espera conocer con mayor detalle otros aspectos, como su vinculación o no a las medidas de flexibilidad presupuestaria para las entidades locales anunciada por el Gobierno, que todavía no se ha cuantificado.
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