OTR/PRESS. MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó ayer en su despacho a los tres imputados en la 'operación Gürtel' que se encuentran en prisión, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, para revisar las cartas que han recibido desde que el pasado 12 de febrero ingresaran en la cárcel de Soto del Real (Madrid), según informaron fuentes jurídicas. Correa, visiblemente más delgado que hace un mes, acudió al despacho del magistrado con la misma ropa que llevaba el día que fue enviado a prisión, y salió del mismo con una carta entre las manos.
El magistrado llevó a cabo esta diligencia, contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), con el objetivo de determinar si la correspondencia que han recibido los reclusos en las últimas semanas pudiera contener información relevante sobre la causa, en la que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que ofrecía "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades del PP de Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos.
Las citadas fuentes explicaron que la de ayer ha sido la primera comparecencia de estas características que los tres principales imputados en la causa han tenido que realizar desde su detención el pasado día 6 de febrero, y añadieron que todas las cartas leídas en presencia del juez y el secretario judicial tenían un carácter estrictamente personal.
Según el juez, Correa aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia, Pablo Crespo se encargaba de la dirección de las empresas del grupo y Antoine Sánchez blanqueaba el dinero obtenido por la organización en paraísos fiscales. Todos ellos están imputados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Garzón continúa realizando diligencias a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia le contesten sobre la inhibición de la causa que ha planteado al encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados, entre ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo.