EFE
Caamaño y los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han mantenido hoy la primera reunión formal desde el nombramiento del ministro, de la que todos han destacado el diálogo y la voluntad de colaboración para mejorar la Justicia.
Respecto a la huelga de jueces anunciada para el 26 de junio, el ministro ha insistido en que hoy se ha dado un paso importante para ponerse a trabajar conjuntamente, mientras que las asociaciones han confiado en que no sea necesario acudir a esta medida de presión.
La primera de las medidas propuestas por el ministro a los representantes judiciales ha sido la de ampliar de 150 a 220 las plazas de jueces y de 83 a 150 las de fiscales, que se materializarán en la próxima convocatoria.
Además, para que estas plazas sean efectivamente cubiertas y no queden vacantes, se permitirá a los opositores que no hayan superado el último examen y sí los anteriores, reservar la nota más alta para la siguiente convocatoria.
El Ministerio ha atendido también una de las principales reivindicaciones de los jueces, como es que se mantenga su competencia para el señalamiento de la agenda de juicios, que el proyecto de ley de implantación de la nueva oficina judicial atribuía a los secretarios judiciales.
Caamaño ha explicado que, al encontrarse el proyecto en trámite parlamentario, intentará consensuar con los grupos una enmienda para conciliar esta competencia de los jueces con las funciones atribuidas a los secretarios judiciales.
También se ha decidido hoy la creación de un grupo de trabajo específico, que comenzará a funcionar el próximo martes, para estudiar las propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar en la carrera judicial, donde el 66 por ciento de los jueces son mujeres.
Otros compromisos abordados han sido el estudio de fórmulas para reducir progresivamente los jueces sustitutos e incentivar las sustituciones entre los titulares, acometer un plan urgente para la informatización integral de la Justicia y diseñar una nueva ley de Planta y Demarcación.
Caamaño ha insistido en su "compromiso personal" para trabajar "sin descanso" y se ha mostrado convencido de que contará con la colaboración de las CC.AA. y del Poder Judicial.
Las propuestas del ministro han sido acogidas con "optimismo" por las asociaciones judiciales, que han destacado que este nuevo marco de cordialidad y voluntad negociadora podría permitir que la huelga anunciada para junio "no sea necesaria".
Así lo han constatado los portavoces de las dos asociaciones que convocaron la huelga del 18 de febrero, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, Marcelino Sexmero y Conrado Gallardo, respectivamente, aunque de momento no desactivarán las protestas anunciadas hasta que se avance en las negociaciones.
"Creemos que no van a ser necesarias las movilizaciones ni la huelga" ha dicho Sexmero, mientras que Gallardo aseguraba que esperan que "no haga falta ningún acto de protesta" y manifestaba su confianza en conseguir soluciones en un plazo de tiempo razonable.
La APM y JpD, que no secundaron la huelga de febrero, también han resaltado los "gestos positivos" del ministro, que -a su juicio- han abierto el camino hacía una solución dialogada y han propiciado una atmósfera distinta a la de hace dos meses, cuando se reunieron con Mariano Fernández Bermejo.
Para el portavoz de la APM, Antonio García, "si la voluntad del ministro se traduce en soluciones concretas, todo irá bien para todo el mundo".
Por su parte, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de JpD, insistía en que tras dos meses perdidos, esperan que ahora las negociaciones entren en una "velocidad de crucero" con el único objetivo de conseguir una Justicia de calidad para los ciudadanos.
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