TRIBUNALES

La Policía desaloja a los funcionarios de Justicia del Registro Civil

 
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Varios policías custodian la entrada del Registro Civil tras el desalojo
Varios policías custodian la entrada del Registro Civil tras el desalojo 

Más de un centenar de trabajadores hicieron una sentada y paralizaron la actividad de la oficina antes de ser expulsados por una decena de agentes

El pulso entre los funcionarios y el ministerio de Justicia sigue -diez días después del inicio de la huelga indefinida-, sin estar cerca de una solución. Ayer, los trabajadores paralizaron la actividad en el Registro Civil -uno de los órganos donde menos se ha dejado sentir la huelga-, y tuvieron que ser finalmente desalojados por la Policía Nacional.
La protesta se inició a primera hora de la mañana cuando los piquetes informativos entraron -como cada mañana-, en el Registro Civil, donde el seguimiento de la huelga apenas alcanza el 45% frente al 94% del resto de órganos judiciales. Varios funcionarios empezaron entonces a solicitar partidas de nacimiento para colapsar la actividad de los compañeros que estaban trabajando, hasta que el juez del Registro Civil, Antonio Martín Ferradal, solicitó que los funcionarios abandonasen las dependencias del Registro Civil.
Lejos de abandonar su actitud, los funcionarios hicieron una sentada mientras hacían sonar sus pitos y bocinas. Minutos después llegaban diez agentes de la Policía Nacional, que tuvieron que sacar a los funcionarios uno a uno. Una vez que las dependencias del Registro Civil fueron desalojadas, los agentes cerraron las puertas.
Tras el desalojo, los trabajadores de Justicia estuvieron concentrados varios minutos más ante el Registro Civil. Pasadas las doce del mediodía, más de cien trabajadores del sector de Justicia iniciaron -como cada día desde hace dos semanas-, una marcha hacia la sede del Partido Socialista en Murcia. Allí, con consignas como "esta huelga la vamos a ganar" y acompañados de su mascota -el conejo Bermejo-, los manifestantes volvieron a solicitar la equiparación salarial con respecto a las comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia, donde los trabajadores cobran, de media, doscientos euros más cada mes.

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