La residencia Caser, ubicada en la población murciana de Santo Ángel, tiene previsto llevar a cabo reformas (del todo legales) en sus instalaciones por las cuales crearía más plazas para internos, indican familiares de residentes en el centro a este periódico. Sin embargo, según los mismos testimonios, la idea es acometer obras en apartamentos tutelados, que ahora mismo ocupan personas más autónomas, las cuales han sido (según creen sus parientes) ´invitadas a irse´ de sus casas antes del 21 de julio, según se detalla en el documento aportado por sus allegados.

En esa fecha, señala el documento, «deberá proceder a desocupar el apartamento y hacernos entrega de las llaves, instante en el cual, una vez revisado el lugar, procederemos a devolver la fianza en su día entregada».

Una de las afectadas es la familia Batalla. El padre tiene 90 años. La madre, 82. La hija, discapacitada, 59. Andrés Batalla, hijo y hermano de los afectados, explica a LA OPINIÓN que sus parientes llevan más de siete años residiendo en este apartamento, dentro de las dependencias del geriátrico, y que la familia escogió esta opción «pensando en que fuera la casa del futuro de mi hermana».

De un día para otro, relata Batalla, «nos dicen que van a quitar los apartamentos para hacer todo una residencia» y que «de pagar de alquiler 700 euros hay que pasar a abonar 1.800 por persona» si la familia quiere que sus allegados sigan viviendo en el centro.

Se da la circunstancia de que la hermana (discapacitada de nacimiento por un problema en el parto) no ha alcanzado aún los 65 años de edad, por lo que ella no podría seguir en Caser, asegura Andrés Batalla, que califica a los responsables del centro de «mercenarios de personas» que «de la noche a la mañana» le comunicaron este cambio de condiciones.

Ahora, la familia busca un piso en Santo Ángel que sea asequible, ya que los ancianos «ya se han hecho al entorno», señala su hijo.

«Hay gente que ya está haciendo las maletas», afirma la nuera de otra mujer que se irá del centro al subir la mensualidad.

Caser es una residencia privada y lo que está haciendo es completamente legal. En el contrato que se firmó con las familias de quienes ocupan actualmente los apartamentos en cuestión había una cláusula que decía que cualquiera de las partes podría rescindir el acuerdo, si lo comunicaba con un mes de antelación.

Preguntado por este asunto, el director de Caser, Pedro Pallarés, explicó que las reformas se hacen porque, hoy en día, «hay una demanda de plazas residenciales que no hay de alquiler». Especificó que él mismo se reunió con allegados de las 14 familias afectadas para comunicarles la situación personalmente, «no por burofax», y que nueve de ellas han decidido seguir en la residencia.

Hasta la reforma, «pagan 550 euros de alquiler, más agua y luz», y ahora, por lo que cuesta una plaza (1.976 euros al mes), tendrán «médico 24 horas, terapia, psiquiatra» y el resto de ventajas de la residencia, concreta Pallarés.

Es más: a estas personas se les ha hecho un precio especial, por haber estado ya allí, y pagarán 1.800 euros, manifestó el director.

«Todo se ha hecho legalmente», dejó claro Pedro Pallarés. Además, se les da facilidades: no tienen que abandonar las casas el 21 de julio sí o sí. Pueden hacerlo incluso en septiembre, cuando les venga mejor, destacó.

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tiene concertadas más de 4.000 plazas de residencias con distintas entidades de la Región para la atención de personas mayores dependientes, confirmaron fuentes de la Consejería de Familia de la Región. «El IMAs no contrata plazas en apartamentos» como los que están en cuestión en este caso, señalan.