La Audiencia Provincial de Murcia acogerá el próximo viernes un juicio contra nueves acusados por un caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por el que se piden siete años y seis meses de prisión y una medida de libertad vigilada de diez años -con posterioridad a su estancia en prisión-, así como una indemnización de 20.000 euros por daños morales.

Las acusadas F. I. y J. I. se propusieron introducir en España de forma ilegal a una joven nigeriana -familiar de una de las acusadas- bajo la promesa de un trabajo para mejorar su vida. Sin embargo, cuando la víctima finalmente llegó a territorio nacional fue forzada a ejercer la prostitución. Posteriormente, se le informó de que tenía una deuda que satisfacer de 45.000 euros, señala la fiscal.

La fiscal añade que la víctima, ante la presión del pago de la deuda, el miedo infundido por una práctica de vudú realizada previa a su salida hacia España, carecer de recursos económicos y la falta tanto de conocidos como de documentación y manejo del idioma, se vio obligada a realizar dichas prácticas, cobrando entre diez y veinte euros por servicio, que le eran retirados cada mañana para pagar la deuda.

Ante los escasos ingresos obtenidos por la víctima, F. I. le ordenó que fuera a la ciudad de Murcia, siendo recogida en Puente Tocinos por dos de los acusados, F. M. y H. O. O. Una vez allí, la víctima continuó ejerciendo la prostitución hasta enero de 2015, cuando fue detenida por miembros de la Policía Nacional por realizar dichas prácticas.

Como consecuencia de los hechos, la fiscal indica en su informe de calificaciones provisionales que la víctima sufre una sintomatología postraumática, con re-experimentación de episodios de violencia, evitación de recuerdos y situaciones dañinas y episodios disociativos.

Asimismo, la acusada C. A. E. se propuso introducir en España de forma ilegal a otra joven nigeriana y bajo las mismas promesas se le ocultó la intención de someterla a la actividad de la prostitución forzada. Cuando la víctima llegó a la ciudad de Valencia, le informaron que debía saldar una deuda de 20.000 euros a través del ejercicio de la prostitución, advirtiéndole la acusada que, señala la fiscal, si no cumplía sus órdenes, le causaría daño a ella y a sus familiares. La situación de la víctima se mantuvo hasta octubre de 2016, cuando se efectuó una entrada y registro en el domicilio de la acusada, donde se encontraba en esos momentos la víctima.

Como consecuencia, cuatro de las acusadas se encuentran en prisión desde octubre de 2016 y otra de ellas desde abril de 2017. El resto de los acusados, que al igual que las anteriores no tenían antecedentes penales, se encuentran actualmente en libertad.

Además, la fiscal señala que procede imponer a dos de las acusadas, por el delito de favorecimiento de inmigración ilegal la pena de cuatro años de prisión. Igual pena se solicita para otra de las acusadas, de la que es víctima la segunda mujer nigeriana.