«Ustedes por qué no se han ido, le aconsejo que se vaya de ese espacio, yo trabajo con ellos, el otro día su esposo se salvó, pero lo van a volver a intentar o con ustedes o sus hijos». «Pueden esconderse, pero los vamos a encontrar, sabe demasiado y no vamos a dejar que abra la boca». «Los voy a masacrar a todos».
Son sólo algunas de las amenazas que recibía la familia de Doris cuando vivía en el Espacio Humanitario Puente Nayero en el barrio la Playita de Buenaventura (Colombia) por no apoyar al reclutamiento forzoso. Amenazas que llegaron a consumarse: uno de los hijos de Doris y Ezequiel (ahora, su presunto asesino) moría a manos de los paramilitares cuando aún era menor de edad. Antes del crimen, los miembros de la familia habían llegado a llevar escolta y a tener chalecos antibalas para protegerse. Al final, lograron salir de Colombia.
«La muerte de este menor se pudo evitar. Su madre, Doris Valenzuela, pidió en diferentes ocasiones ante la Unidad Nacional de Protección (de manera personal y también por medio escrito) el refuerzo de las escasas medidas ya otorgadas, pues éstas no eran suficientes para enfrentar las amenazas de muerte que frecuentemente recibían los miembros de la familia por parte de paramilitares», consideran desde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia.
Por otro lado, la Comunidad Autónoma estaba ayer gestionando quién asume la tutela del hijo pequeño de la mujer asesinada, indicaron desde Cruz Roja. Fuentes cercanas detallaron que podría hacerse cargo de él su propia hermana mayor.
Los tres descendientes vivos de Doris pasaron la primera noche después del crimen con miembros de Cruz Roja en un piso de alquiler de la capital murciana.
