El Colectivo Jurídico Las Vías, ha presentado un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 12 de la Audiencia Nacional en el que solicitan la paralización de las obras para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, así como las que se están haciendo paralelamente para el soterramiento, con el objetivo de que el tren de alta velocidad se quede en Beniel y entre a la capital de la Región soterrado, tal y como recogía el convenio firmado en 2006.

El procedimiento se basa en el argumento, ya esgrimido anteriormente por la Plataforma Pro Soterramiento y por la Fiscalía Superior de la Comunidad, de que los trabajos que actualmente se están realizando no cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) válida, pues consideran que las obras se están ejecutando en base a un proyecto que ha sido modificado en estos últimos años y que solo coincide en cerca de un 20% con el original, para el que se hizo la DIA que se tiene en cuenta actualmente.

Por tanto, el citado Colectivo Jurídico de las Vías entiende que las obras actuales «pueden estar produciendo una vulneración del derecho a la vida y a la salud, que se han producido y se pueden producir por la ausencia de control necesario que se debe llevar a cabo a través de las medidas correctoras que debe contener esta Declaración de Impacto Ambiental para evitar posibles daños sobre la salud humana y el medio ambiente por los ruidos, vibraciones y contaminación electromagnética que produce esta infraestructura», señalan en un comunicado de prensa, en la que dicen claramente que «nuestra pretensión es que el AVE llegue soterrado y que se cumpla lo pactado entre las tres Administraciones territoriales (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Murcia) para sanar esa herida estructural que parte nuestro municipio en dos y que se debe solucionar para garantizar los derechos humanos de las personas que viven al sur de las vías».

Asimismo, esta organización también denuncia en su recurso que se ha producido «una vulneración de los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio», ya que para la construcción de lo que la Plataforma Pro Soterramiento llama muro (y la Comunidad y Adif, pantallas acústicas) se ha invadido ilegalmente la vivienda de un vecino.

El colectivo dice estar formado por un grupo de juristas que se sienten «afectados e indignados por tan arbitraria imposición adeministras» y que han dado un paso adelante «para luchar contra las injusticias que se están produciendo por estas obras, porque entendemos que defender el AVE soterrado es defender los derechos humanos».