Las Marchas de la Dignidad, la coordinadora murciana de ONGD, Amnistía Internacional, Greenpeace y otros colectivos como la Plataforma Pro-Soterramiento o la de Afectados por la Hipoteca (PAH) participarán este sábado, a las 18.00 horas, en una manifestación frente a la Delegación del Gobierno para protestar contra los "abusos" de la Ley Mordaza, así como para pedir su derogación.
Y es que, ha acentuado el portavoz de Marchas por la Dignidad, Ginés Fernández, "es una ley que vulnera los derechos humanos", además, ha acentuado la tuitera Cassandra Vera, que apoyará también la concentración, "sirve de rodillo contra la libertad de expresión y cualquier libertad en este país".
De hecho, Cassandra Vera fue condenada a un año de prisión por la Audiencia Nacional, por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, por el contenido de 12 mensajes publicados en Twitter, relativos al atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco y que recientemente ha sido absuelta por el Tribunal Supremo.
A su juicio, "no habría que conformarse con ello, esto no debería pasar jamás y habría que evitar estas persecuciones", criticando que en la Región "se estén poniendo multas por luchar contra algo prometido, como es el soterramiento del AVE".
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el cura Joaquín Sánchez ha asegurado que esta ley es "franquista e impide la dignidad del ser humano" y ha lamentado que se haya dotado al delegado del Gobierno "de una capacidad sancionadora administrativa".
Tras asegurar que están preocupados y que sienten miedo, ha subrayado que "no nos va a amedrentar para seguir en la lucha por un mundo más humano, justo y libre" en el que "los políticos sean servidores de los ciudadanos y no de los poderes económicos y financieros".
El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha destacado, por su parte, que los vecinos llevan ya entre 40 y 50.000 euros en multas por protestar en las vías, opinando que "lo que estamos viviendo en Murcia es una regresión de los derechos civiles, asistiendo a la eliminación de los derechos humanos".
Contreras ha asegurado echar en falta al anterior delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, "que se jugó el puesto por no aplicar la Ley Mordaza a raja tabla por orden del ministro de Fomento que vino y puso firme a todos el Gobierno regional, quiso hacerlo con toda la sociedad murciana y se quitó de en medio a quien quería hacer compatible que hubiera derecho y que se aplicara la ley que controla la libertad de expresión y manifestación".
Por lo que, en su opinión, la llegada de Francisco Bernabé "ha supuesto un escalón a lo más profundo de la degradación de los derechos civiles", parece mentira que un profesional del Derecho "haya llegado a estos límites", haciendo mención al hecho de que los policías fueran hoy armados con metralletas y fusiles "que pone los pelos de punta a cualquier ser humano".
"Se está llevando a cabo es una campaña de culpabilización y criminalización de los ciudadanos y desacreditación de una plataforma que lleva casi 30 años de historia a la espalda" que "nunca ha tenido episodios que puedan justificar la represión que ahora mismo se está ejercicio sobre ésta", criticando que "se estén utilizando los servicios públicos, en este caso los policías, en defensa de proyectos de empresas privadas".
"El objetivo es amedrentar, que la gente se quede en su casa y nos convirtamos en ciudadanos sumisos", ha apostillado Contreras, y lo que está ocurriendo en Murcia con la Plataforma pro-Soterramiento, hipotecas y los pensionistas "es el despertar de la sociedad civil y que va a suponer que se le acabe el chollo, la época del orden y mando, a todo tipo de gobierno, del signo que sea".
Estas organizaciones apoyarán también la manifestación convocada por los sindicatos el sábado por la mañana en defensa del sistema público de pensiones.
La ley en datos
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros, las multas por desobediencia o la resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en los profesos de identificación ascienden a 10,1 millones.
Desde estas organizaciones llaman la atención sobre el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el primer motivo de sanción referente, pasando de las 3.130 multas en los primeros seis meses de su entrada en vigor a las 19.497 interpuestas en 2016, por un importe de 3 millones. En total se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones.
