La Justicia ve claro que en el Museo Gaya tuvo lugar «la existencia de cesión ilegal de mano de obra», de la cual «fue objeto la trabajadora demandante». Pasó, señala el documento judicial al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, «como consecuencia de la contratación administrativa entre el Ayuntamiento de Murcia, la Fundación Museo Ramón Gaya y la empresa Expertus Servicios de Atención al Público».

Añade la Justicia que «la relación laboral de la actora (la trabajadora que demandó) es indefinida no fija como trabajadora del Museo Ramón Gaya, organismo propio del Ayuntamiento de Murcia, condenando a este último , así como a la Fundación Museo Ramón Gaya y a la empresa Expertus Servicios de Atención al Público a, de forma solidaria, estar y pasar por todo ello y a que a la actora se le reconozca la integración como personal laboral del Ayuntamiento de Murcia en el puesto de trabajo de jefe de programa, con un salario regulador mensual bruto con prorrata de pagas extraordinarias de 3.147,56 euros».

No sólo eso: se declara la existencia de la vulneración por parte del Consistorio capitalino de los derechos fundamentales citados en los razonamientos jurídicos precedentes. En este sentido, se condena al organismo pública a la reparación de los daños causados a la actora y a una indemnización de 12.000 euros. De esta condena, no obstante, quedan absueltas la Fundación Museo Ramón Gaya y la empresa Expertus Servicios de Atención al Público.

Las nueve trabajadoras del museo Ramón Gaya fueron subrogadas por decisión del patronato en febrero de 2017, ante la situación de cesión ilegal en que se encontraban, pero no han cobrado sus salarios desde entonces, ya que la intervención municipal planteó un reparo al respecto que no se ha levantado desde entonces.

Después de conocerse la resolución judicial, Sergio Ramos, concejal de Cambiemos Murcia, pidió, mediante un comunicado de prensa, «responsabilidades políticas» al equipo de Gobierno de Ballesta. Para el edil, «la sentencia confirma lo que Cambiemos Murcia lleva tiempo defendiendo: que las trabajadoras debían ser readmitidas».

Además, desde la formación política exigen que el fallo judicial se cumpla lo antes posible y que además se haga extensivo al resto de la antigua plantilla, añade el comunicado de prensa. «El Ayuntamiento ddebe cambiar de manera radical su política de contratación y el trato que da a los trabajadores de las contratas municipales», subraya al respecto.

Por su parte, el concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús Pacheco, ha anunciado que "el Equipo de Gobierno llevará a Pleno la solución a la situación de los trabajadores del Museo Ramón Gaya una vez conocida la sentencia, tal y como estipulamos. Además, en la Junta de Portavoces convocada para el lunes se tratará este asunto".

El concejal ha explicado que, al igual que ocurrió con el dictamen del Consejo Jurídico regional, "esta sentencia avala, como venimos insistiendo desde un principio desde el Equipo de Gobierno, que la relación laboral de los trabajadores del Museo Ramón Gaya es indefinidos no fijos a la espera de la publicación de las plazas correspondientes que se cubrirán conforme marca la ley en base a un concurso de mérito, capacidad y pública concurrencia".