«Son hechos notorios que el río Segura estuvo durante años ante una clamorosa situación de dejación, y que no se cuidaron adecuadamente las condiciones de la más relevante cuenca fluvial del sureste de España». Así se detalla en la sentencia de la Audiencia Provincial con la que se echa el cierre a un proceso que lleva casi dos décadas abierto: el de la contaminación del río. Aunque el tribunal tacha de «notorio» el desastre medioambiental, la realidad es que el caso se queda sin culpables. La Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto de un delito contra el medio ambiente a todos los procesados por contaminar el Segura con vertidos a finales de la década de los años 90 del siglo pasado.
Hace unos días ya se levantaban del banquillo dos de los acusados: el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, y el responsable de una estación depuradora de Murcia, Román Garrido. Ahora, la absolución se extiende al expresidente de la CHS Antonio Nieto; al excomisario de Aguas José Alemán; al exgerente de la Empresa Municipal de Aguas José Luis Hervás, y al exalcalde de Alcantarilla Lázaro Mellado.
También queda absuelta la propia CHS, que había sido llevada al proceso judicial como responsable civil subsidiaria.
La causa a la que se le da carpetazo (aunque sobre la sentencia aún cabe recurso) comenzó a instruirse en el año 1999 a raíz de una denuncia de varias personas. La Audiencia señala que los hechos están prescritos.
La Sala «desconoce» por qué no se remitieron a reparto los hechos que no tenían relación directa con la denuncia inicial y sobre los cuales la instructora (Carmen Mérida) no podía tener competencia alguna por quedar fuera de su jurisdicción, en concreto, por corresponder a los Juzgados de Molina de Segura y Mula.
Además, la absolución, añade la sentencia, se adopta porque los hechos quedaron prescritos por la paralización de más de cinco años sufrida por el proceso en su tramitación.
Recuerda el tribunal que en junio de 1999 varias personas, entre ellas, la entonces concejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Murcia Concepción Hernández, presentaron una denuncia en el Juzgado contra la autoridades municipales, atribuyéndoles vertidos de aguas no tratadas al río Segura.
El Juzgado de Instrucción número Cuatro de Murcia, al que correspondió el asunto, acordó la apertura de diligencias y requirió determinada documentación a la asociación Ecologistas en Acción.
Ya en diciembre siguiente, dictó providencia por la que se ordenaba al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil efectuar «una investigación exhaustiva sobre las personas físicas o jurídicas que realicen vertidos de aguas residuales, con las necesarias tomas de muestras para su posterior análisis». «Es decir, comenta el tribunal, se procede a efectuar una investigación prospectiva sobre vertidos, se desconoce, además, qué clase de vertidos, que excede con mucho de la denuncia inicial, no acotándose el ámbito subjetivo ni territorial».
La Sala no se explica tampoco por qué no fueron llamados a declarar de inmediato, trasladándoles la imputación que contra ellos existía, los entonces responsables de la CHS y de la Comisaría de Aguas, ahora absueltos.
La sentencia pone como ejemplo de ello lo que ocurrió con Juan Cánovas, que tuvo que preguntar al final de su interrogatorio qué hechos en concreto se le atribuían, sin que la magistrada los precisara especifícamente.
No obstante, «que hace dos décadas, el que fuera denominado Río Blanco por los árabes se encontraba en un estado lamentable desde kilómetros arriba del municipio de Murcia y hasta su desembocadura en Guardamar del Segura (vertidos, malos olores, suciedad, mortandad de fauna...), era algo más que evidente para cualquier persona que se acercara a su cauce», tiene claro la Audiencia Provincial.
