Tribunales

El juicio de la contaminación del Segura podría quedar en agua de borrajas

El juez decide la semana que viene si archiva definitivamente el caso de la contaminación del Segura, después de que dos de los investigados, Cánovas y Román Garrido, quedasen ayer libres de toda culpa

22.11.2017 | 22:52
El juicio de la contaminación del Segura podría quedar en agua de borrajas

La borraja es una planta silvestre a la que, antaño, se le atribuía cierta capacidad de dejar embarazada a una mujer que la pisase o bebiese su caldo, después de ser la hierba cocida. Cuando, tras tomar el esperanzador brebaje, la mujer no quedaba en estado, se decía que la ilusión había quedado en agua de borrajas: que se había disipado la esperanza. De ahí el origen de la popular expresión.

En este sentido, el que se proyectaba como un macrojuicio para de una vez determinar quiénes son los responsables de la contaminación del río Segura podría quedar en eso, agua de borrajas. Y es que han pasado casi dos décadas (en concreto, 18 años) de los hechos que ahora llegan a la Audiencia Provincial. Las ´dilaciones indebidas´ (término jurídico que se alega cuando ha transcurrido excesivo tiempo para enjuiciar una causa) planean sobre el proceso desde que este empezó, el pasado lunes.

Después de la vista de ayer, dos hombres de los que se sentaban en el banquillo dejan de hacerlo: Román Garrido y Juan Cánovas. Ya no son seis los imputados: son cuatro. La vista oral continuará el 29 de noviembre, cuando la sala que preside el magistrado Abdón Díaz dé a conocer si decreta el sobreseimiento de las actuaciones (es decir, si archiva el caso del todo) o si decide continuar con el juicio para los cuatro acusados que quedan.

De esta manera, en la sesión de ayer (en la Audiencia Provincial, ubicada en el Palacio de Justicia de la capital murciana) quedaba libre de toda culpa el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas. Así se determinó en la que fue la segunda sesión de la vista oral, en la que siguió el debate sobre las cuestiones previas. Ninguno de los acusados ha declarado todavía ante el tribunal.

Sobre Cánovas, el presidente de la sala apuntó que, al haber retirado todas las partes, incluida la acción popular, la acusación contra él, «recupera todos sus derechos», por lo que no tendrá que acudir más a la sala de juicios.

Y no fue el único que entró como imputado y salió libre de toda acusación. Tanto el fiscal, Miguel de Mata, como las otras dos acusaciones retiraban también los cargos contra el ingeniero Román Garrido, responsable de una de las estaciones depuradoras de Murcia, al considerar que tampoco se podía dirigir contra él hecho delictivo alguno.

A este respecto, De Mata indicó que Román Garrido era «ingeniero» y «no estaba en su mano determinar qué vertidos entraban o salían de la depuradora».

La sesión de ayer comenzó con la exposición del fiscal del caso, que admitía en parte de las cuestiones planteadas por las defensas de los inculpados, aunque discrepaba en otras. Así, el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de que la Sala considere que algunas de las actuaciones que se atribuyen a los otros cuatro acusados puedan haber prescrito.

En cuanto a lo sostenido por los letrados defensores de que la juez instructora, la magistrada Carmen Mérida, abrió una causa general y prospectiva «por si encontraba algo», el representante del Ministerio Público remarcó que su actuación fue «demasiado genérica y expansiva».

En esta línea, especificó que hubo falta de concreción en alguna de sus resoluciones y que, además, llegó a pedir pruebas sobre tramos del río que afectaban a otros partidos judiciales, por lo que ella no era competente.

En opinión del fiscal, la magistrada actuó con la buena voluntad de conocer la situación real de la contaminación y tratar de luchar contra la misma, pero abrió, sin querer, lo que calificó de «una investigación en racimo».

Contundente fue a la hora de referirse a los motivos por los cuales retiraba la acusación contra Cánovas, al señalar que, como sostiene la Abogacía del Estado, se le produjo indefensión, al vulnerarse sus derechos. Se le interrogó sobre un primer vertido, sobre el que ninguna responsabilidad tenía porque aún no ocupaba el cargo, y en cuanto a los que se produjeron cuando ya estaba al frente de la CHS, no se cumplieron las garantías debidas, ya que fue el propio Cánovas el que tuvo que preguntar, cuando su declaración había finalizado, de qué le acusaba la magistrada. «El fiscal no puede tolerar una vulneración de derechos como esta, por lo que se retira la acusación contra él», subrayó.

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