Juan Cánovas, "libre de toda culpa" por la contaminación del río

El presidente de la Sala, el magistrado Abdón Díaz, ha dicho en la segunda sesión de la vista oral, en la que continúa el debate sobre las cuestiones previas, que al haber retirado todas las acusaciones, incluida la acción popular, la acusación contra él, "recupera todos sus derechos", por lo que no tendrá que acudir más a la sala de juicios.

Tanto el fiscal como las otras dos acusaciones han retirado también los cargos contra Román Garrido, responsable de una de las estaciones depuradoras de Murcia, al señalar que tampoco se podía dirigir contra él hecho delictivo alguno.

Esta nueva sesión ha dado comienzo con la exposición del fiscal del caso, que ha admitido gran parte de las cuestiones planteadas por las defensas de los inculpados, aunque ha discrepado en otras.

Así, ha dejado abierta la posibilidad de que la Sala considere que algunas de las actuaciones que se atribuyen a los otros cuatro acusados puedan haber prescrito.

En cuanto a lo sostenido por los letrados defensores de que la juez instructora, la magistrada Carmen Mérida, abrió una causa general y prospectiva "por si encontraba algo", el representante del ministerio público ha comentado que su actuación fue "demasiado genérica y expansiva".

Así -ha añadido- hubo falta de concreción en alguna de sus resoluciones, además de pedir pruebas sobre tramos del río que afectaban a otros partidos judiciales, por lo que ella no era competente.

Para el fiscal, la magistrada actuó con la buena voluntad de conocer la situación real de la contaminación y tratar de luchar contra la misma, pero abrió lo que ha denominado "una investigación en racimo".

Sobre esa alegación en concreto de las defensas, ha dejado en manos del tribunal declarar si realmente hubo una causa general determinante de la invalidación del proceso, como reclaman los letrados.

En cuanto a la toma de muestras efectuadas por agentes de la Guardia Civil en varios tramos del río, sin que estuvieran presentes los investigados y sin que estos recibieran una prueba para poder ejercer la contradicción, ha dicho que este tema debe ventilarse en el juicio.

Tampoco coincide la fiscalía con las defensas en cuanto a que los hechos ya fueron juzgados, con sentencia firme, por la sección en Elche (Alicante) de la Audiencia Provincial, ya que ha comentado que se necesita que existan identidad de sujetos y de objeto para que se produzca esa situación, lo que no ocurre en este caso.

Contundente ha sido a la hora de referirse a los motivos por los cuales retiraba la acusación contra Cánovas, al señalar que, como sostiene la Abogacía del Estado, se le produjo indefensión, al vulnerarse sus derechos.

Así -ha añadido- se le interrogó sobre un primer vertido, sobre el que ninguna responsabilidad tenía porque aún no ocupaba el cargo, y en cuanto a los que se produjeron cuando ya estaba al frente de la CHS, no se cumplieron las garantías debidas, ya que fue el propio Cánovas el que tuvo que preguntar, cuando su declaración había finalizado, de que le acusaba la magistrada.

"El fiscal no puede tolerar una vulneración de derechos como esta, por lo que se retira la acusación contra él y se pide su absolución", ha explicado.

En cuanto a Román Garrido, que estaba al frente de una de las estaciones depuradoras de Murcia, ha dicho que también retiraba la acusación, porque ninguna responsabilidad tuvo en los vertidos.

Respecto al excalcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, cuyo defensor, en la primera sesión de la vista oral, alegó que tenía delegadas las competencias de vertido en un teniente de alcalde, ha dicho que a lo largo de la vista oral se podrá contemplar esa situación.

La vista oral continuará el 29 de noviembre, cuando la sala que preside el magistrado Abdón Díaz, dé a conocer si decreta el sobreseimiento de las actuaciones o si decide continuar con el juicio para los otros cuatro acusados o para parte de ellos.