"La manada somos nosotras". Es el lema de la concentración de protesta para hoy, de cinco a seis de la tarde, en la Plaza de La Merced, en Murcia, para denunciar abusos judiciales en el juicio de la violación grupal denunciada por una joven de Madrid en los sanfermines del año pasado.

Las convocantes censuran con esta protesta, por ejemplo, que el juez encargado del caso haya aceptado incorporar a la causa un informe realizado por detectives privados y encargado por las defensas sobre la vida de la víctima.

En un mensaje difundido a través de redes sociales bajo la etiqueta Justicia Patriarcal, las convocantes muestran su "rabia e indignación" por la admisión de esta prueba y acusan a la Justicia de ser "cómplice de los agresores" que, añaden, "saldrán impunes una vez más".

"No lo podemos permitir", "Ninguna agresión sin respuesta", añade el mensaje para difundir esta convocatoria en redes.

El juicio contra los cinco acusados -José Ángel P.M., Jesús E.D., Ángel B.F, Antonio Manuel G.E, y Alfonso Jesús C.E- de una violación grupal en la madrugada del 7 de julio de 2016 se está desarrollando a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Pamplona.

Se enfrentan a una petición de 22 años y 10 meses por parte de la Fiscalía y a mayores penas pedidas tanto por la demandante como por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Pamplona por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro de robo con intimidación.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido que la vista continúe celebrándose a puerta cerrada, como hasta ahora, excepto la presentación de los informes finales.

Así lo ha confirmado a los periodistas el abogado navarro José Javier Echeverría, que junto a Agustín Martínez Becerra, defiende a tres de los cinco acusados, en uno de los recesos de la cuarta sesión del juicio.

También se ha acordado de forma verbal y por acuerdo de todas las partes, excepto una magistrada, que ha mostrado su oposición, que los días 24 y 27 de noviembre, fechas en las que se presentarán los informes finales y se ofrecerá el derecho a la última palabra, el juicio sea accesible al público en general, con la condición de que no se realicen grabaciones de audio ni vídeo.

Martínez Becerra ha valorado que "todas las personas que tengan interés en saber" qué ocurrió la madrugada del 7 de julio tendrán oportunidad de conocerlo.

Además, ha aseverado que, con la medida de que las dos últimas sesiones sean públicas, se evitan juicios paralelos, ya que "se trata de la única manera de que todos vayan a entender, una vez que estén en la sala, cuál es la naturaleza o el contenido de lo que ha ocurrido dentro y de las conclusiones" de cada una de las partes.

Según el escrito de la acusación, los imputados taparon a la joven la boca, la rodearon, le bajaron su ropa interior y le obligaron a realizar felaciones a los cinco, y la penetraron, uno de ellos anal y vaginalmente, sin usar ninguno preservativo y "valiéndose de su superioridad física y numérica" y de la "imposibilidad" de la joven de "ejercer la más mínima resistencia".

Mientras todo esto ocurría, dos de ellos "de común acuerdo con el resto, pero sin el conocimiento ni consentimiento" de la chica, hicieron grabaciones de vídeo y fotografías con sus móviles, "con la intención de vulnerar la intimidad de la víctima y posteriormente mostrarlos, enviarlos y difundirlos a su grupo de amigos".