Doce miembros de la Plataforma ProSoterramiento de Murcia acuden hoy a Bruselas, donde tienen previstas varias reuniones durante dos días, con la intención de que la UE paralice las obras de la Alta Velocidad en Murcia al considerar que éstas carecen de Declaración de Impacto Ambiental, una «irregularidad» que también denunciaron el pasado viernes ante la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia.
Miembros de la Plataforma han explicado a esta Redacción que «en Europa se protegen mucho los asuntos medioambientales, algo que no ocurre en España, de ahí que hayamos optado por acudir a instancias europeas para que se investigue este asunto».
En las alegaciones que han presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los vecinos han adjuntado distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en las que se condena a España por otros proyectos, afirmando que se ha convertido en una práctica habitual el fraccionar las obras en distintas partes para la llegada del tren en superficie, «incumpliendo así las directivas europeas». Además, indican que «la legislación española niega a la figura del fiscal medioambiental legitimación activa para interponer recursos contra acciones que contravienen el derecho medioambiental español», por lo que solicitan a la Comisión de Peticiones que inicie los trámites ante el Tribunal de Justicia de la UE por un procedimiento de infracción que permita una sentencia con la que se cumpla la legalidad.
Según la agenda prevista, los miembros de la Plataforma ProSoterramiento mantendrán entre hoy y mañana reuniones con europarlamentarios de distintas formaciones políticas para explicarles el proyecto de llegada de la Alta Velocidad a Murcia y cómo se encuentra la ejecución de las obras. Estos encuentros previos servirán para preparar la intervención que realizará el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, el próximo 23 de noviembre ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea.
Desde la Plataforma se solicitó esta intervención en Europa en 2014, y la Comisión de Peticiones admitió a trámite la propuesta en octubre del año 2015, cuando se comprometió a hacer «una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema».
En definitiva, la Plataforma quiere que los europarlamentarios investiguen si las obras del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Murcia incumplen la legislación europea, especialmente en lo referente al trámite ambiental, ya que aseguran que no dispone de la necesaria Declaración de Impacto Ambiental.
Según ha explicado el propio Contreras, para la Plataforma el proyecto no se ajusta a la legalidad porque carece de la memoria ambiental, obligatoria para todas las obras públicas. Hay que tener en cuenta que la memoria ambiental se hizo en base al proyecto firmado en el año 2006 para la llegada del AVE a la ciudad, pero el proyecto actualmente adjudicado y el que está pendiente de adjudicación solo coincide con aquél en un 18 por ciento, por lo que los vecinos agrupados en la Plataforma consideran que la memoria ambiental no puede ser la misma.
Desde la Plataforma ProSoterramiento también han informado a LA OPINIÓN de que están recibiendo presiones in extremis para que no se presente esta denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
El pasado viernes el portavoz de la Plataforma, acompañado del letrado Fernando Iosana, interpuso una denuncia en la Fiscalía del TSJ contra el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, así como contra varios concejales y consejeros, por considerar que podrían estar incurriendo en un delito de «prevaricación por omisión» al no paralizar las obras a pesar de conocer estas circunstancias. La denuncia de la Plataforma viene a sumarse a la que también presentó el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia hace unas semanas por los mismos motivos, al considerar que se estaría incurriendo en un presunto delito de «prevaricación por omisión».
