El Consejo Jurídico de la Región (CJRM) ha respaldado la propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de abonar una indemnización de 9.600 euros a un solicitante de la ayuda a la dependencia por los perjuicios sufridos al tardar casi cuatro años en hacer en reconocerle la misma.
El dictamen del CJRM señala que el interesado presentó su solicitud de reconocimiento de grado de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema murciano de atención a la misma en septiembre de 2011.
Sin embargo, no le fue reconocida hasta finales de mayo de 2015, «lo que determinó la aplicación de la normativa que en 2012 excluyó la percepción de las prestaciones atrasadas».
El reclamante expuso que esa situación no se habría producido si la Administración regional hubiera sido diligente y hubiera resuelto la solicitud en el plazo máximo de seis meses del que disponía. El informe de este órgano consultivo recoge también que la propia Consejería admitió su responsabilidad, y asumió el deber por acuerdo adoptado en octubre de 2016. El CJRM considera que, en este caso, sí se da la responsabilidad patrimonial de la administración.
