Cinco trabajadores de la Universidad de Murcia (UMU) han presentado una querella criminal por un presunto delito de prevaricación (tomar una decisión a sabiendas de que es injusta) contra el rector José Orihuela, al que acusan de haber vulnerado sus derechos al convocar unas oposiciones libres a los puestos de trabajo que ellos ocupan en lugar de utilizar el mecanismo de la oposición concurso, en la que ellos podrían sumar los puntos de su experiencia laboral previa.
«El rector ha actuado como si la universidad fuera su cortijo particular, ya que sólo ha sacado a concurso las plazas de los trabajadores que habían denunciado su situación laboral de falsos autónomos y que habían ganado en los juzgados, donde se les reconoció la relación laboral con la institución docente», explica Manuel Maza, abogado de los denunciantes. «Él mismo reconoció ante varios testigos que era un aviso a navegantes para disuadir a otros trabajadores de llevar su situación laboral a los tribunales», añade.
Cuatro de las plazas fueron convocadas el 23 de febrero de 2017. En la querella se argumenta que la creación de plazas laborales en ejecución de sentencia «carece de justificación, pues en ninguna de las sentencias que fallan a favor de los ahora querellantes, obligan a la creación de dichas plazas».
Entonces, «¿cuál es la justificación de la convocatoria?», se pregunta el abogado, y responde que es lo que el rector llegó a denominar como «medidas ejemplarizantes», según consta en una de las pruebas aportadas. En la misma se añade unas declaraciones de Orihuela cuando se le pregunta por qué se elige la oposición libre y no el concurso oposición, en el que se puede valorar los servicios que los aspirantes pudieran haber prestado a la UMU durante los años trabajados. «Ese criterio de valorar servicios previos se aplica a todos menos a quienes han denunciado a la UMU», dijo Orihuela, según consta en la denuncia.
El abogado, en su escrito, insiste en que «estas son las primeras plazas de empleo público de Personal de Administración y Servicios de la UMU desde el año 2010, existiendo en la Universidad 250 interinos y otros laborales indefinidos no fijos cuyas plazas no han sido creadas ni convocadas».
La demanda fue interpuesta en abril de 2017 y desde el pasado 27 de septiembre, el juzgado de instrucción número 1 de Murcia, tras admitirla a trámite, comenzó a tomar declaraciones a los testigos.
«Sólo buscan causar daño»
Fuentes de la UMU indicaron ayer que esta querella se cae por sí sola y que los denunciantes «sólo buscan causar daño al rector y a la Universidad». Asimismo, dijeron que una denuncia análoga ya fue archivada por otro juzgado; que en este caso, la jueza ya ha desestimado tramitar una de las diligencias pedidas por la defensa de los querellados; y que ha pedido al fiscal que decida si cabe seguir con el proceso. Esto lo ven como la antesala del archivo del caso. Afirmaron que es normal que un juez admita a trámite este tipo de causas por si «hipotéticamente pudiera haber delito».
