La Policía Nacional, bajo orden judicial, procedió ayer por la mañana al desalojo de un edificio en la Calle Asunción de Espinardo que había sido ocupado ilegalmente por tres familias, todas ellas con lazos de parentesco entre sí.

Jennifer Guzmán, una joven embarazada de 21 años que vivía en el bloque junto a su pareja, fue una de las desahuciadas. Para evitar que le obligaran a abandonar el que había sido su hogar se encadenó a la puerta desde temprano. No obstante, según aseguran testigos y la Policía Nacional, cuando los agentes llegaron se quitó las cadenas y finalmente el desalojo se llevó a cabo sin armar mucho revuelo. Poco a poco los miembros de la familia fueron saliendo por la puerta bajo supervisión policial, cargados con todas sus pertenencias.

La joven aseguró que cuando ella, su tía y su cuñada, quienes vivían de manera ilegal en otras dos casas del mismo edificio, ocuparon el inmueble, «estaba vacío» y que, a día de hoy, «en el resto de casas no vive nadie».

«Antes de echarnos desde el banco nos dijeron que nos daban una vivienda de alquiler social pero no han cumplido, mi marido y yo nos quedamos en la calle», se quejó Jennifer mientras recogía sus pertenencias antes de marcharse definitivamente.«Hace dos días vinieron y, sin estar yo dentro, rompieron la puerta, entraron y me cambiaron la cerradura», añadió.

La desahuciada afirmó que «esto no puede quedar así» y que necesita ayuda puesto que está embarazada y «enferma de la cabeza».

A las tres familias les notificaron que debían marcharse días antes. Anteriormente, les habían cambiado la cerradura. Fue ayer cuando la Policía Nacional intervino al ver que no habían retirado sus cosas de los pisos y una de las okupas se resistía a abandonar el lugar encadenada a la puerta.