El Ayuntamiento de Murcia revisará hasta catorce contratos de servicios municipales para comprobar si existe cesión ilegal de trabajadores. Así se aprobó ayer en el Pleno extraordinario monográfico que celebró el Consistorio con una única moción presentada por los grupos de la oposición sobre la Subrogación de Trabajadores de Empresas Externas y que salió adelante con los 15 votos a favor de los concejales de la oposición y los 12 votos en contra de la bancada popular.
Con este acuerdo se insta a revisar contratos como el de gestión de emergencias del 092, cita previa, los clubes de lectura y los de los centros de visitantes de La Muralla y La Luz, entre otros, para que tanto los servicios jurídicos como la secretaría y la intervención municipal acrediten la legalidad de éstos y comprobar que no se incurre en cesión ilegal de trabajadores.
Los concejales de la oposición basaron ayer su defensa de la moción en los informes que ya existen de los servicios jurídicos y de la propia Inspección de Trabajo, que sí que reconocen una cesión ilegal de trabajadores en estadística y en el servicio de notificaciones de Tribugest, que ha subrrogado trabajadores a Unipost y por lo que será sancionada. Mientras que el concejal del PP José Guillén defendió el trabajo que se hace desde el Consistorio alegando que no existe ninguna sentencia judicial firme sobre cesión ilegal en el Ayuntamiento de Murcia y reprochó a la oposición que haya llevado este asunto a un Pleno extraordinario en lugar de haberlo resuelto en una mesa de trabajo.
Guillén justificó la negativa del PP de apoyar la moción conjunta en que «es una moción cargada de suposiciones que no se sustenta en nada» y acusó a sus compañeros de confundir la cesión ilegal de trabajadores con la remunicipalización de servicios.
El texto aprobado ayer también recoge que en el caso de que se demuestre que existe cesión ilegal de trabajadores se procederá a su contratación temportal inmediata mientras que se convocan las plazas necesarias para regularizar su situación, algo a lo que se opuso el propio secretario general del Pleno, Antonio Marín, al considerar que vulnera la ley.
El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, aseguró en su defensa de la moción que «la privatización de servicios provoca tráfico ilegal de trabajadores». El concejal socialista Juan Vicente Larrosa llegó a solitar la comparecencia en el Pleno de la letrada jefe del Ayuntamiento para que aclarase la diferencia de criterios en los informes, mientras que la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, aseguró que «las privatizaciones de servicios suponen un mayor coste público y pueden generar redes clientelares». Morales cerró su intervención con un poema de Pedro Luis Ladrón de Guevara titulado ´En el país de no me consta´ en el que señala que a la gente le duele el cuello de mirar para otro lado. Por su parte, el concejal de Cambiemos Sergio Ramos destacó que las irregularidades en la notificación de tributos por Unipost puede suponer una avalancha de reclamaciones ciudadanas y recordó que en los dos contratos que se han revisado en la Mesa de Vigilancia (Ayuda a Domicilio y Tribugest) se han detectado irregularidades.
José Ignacio Gras presentará hoy su renuncia como concejal
El exportavoz del Grupo Municipal Socialista José Ignacio Gras, que se ausentó ayer del Pleno extraordinario, presentará hoy viernes su renuncia al acta de concejal en secretaría del Ayuntamiento, según ha confirmado a LA OPINIÓN. En este caso asegura que ya se ha desligado de la vida pública, aunque en estos últimos días ha estado trabajando con Susana Hernández para hacer el traspaso de competencias, a quien seguirá apoyando en la negociación de los presupuestos. No obstante, no será hasta el próximo pleno de final de junio cuando se haga efectiva la renuncia de Gras a quien sustituirá Sebastián Peñaranda, «salvo que haya sorpresa de última hora, ya que él ha confirmado que tiene mucha ilusión», confirma.
Los trabajadores del Ramón Gaya llevan cinco meses sin cobrar
La situación de los trabajadores del Museo Ramón Gaya, que acumulan cinco meses sin cobrar, protagonizó el Pleno de ayer sobre cesión ilegal de empleados. La concejala socialista Begoña García Retegui recordó las distintas fases por las que ha pasado la negociación y pidió que se busque una solución legal a estos trabajadores de forma urgente. El propio secretario del Pleno, Antonio Marín, pidió intervenir y afirmó que «la mala gestión ha provocado que el Ramón Gaya esté en esta situación, un Museo que no tiene plantilla ni presupuesto para pagarles».
