Los resbalones o tropiezos por una losa en mal estado o por una tapa de alcantarillado fuera de su lugar suelen ser, en ocasiones, objeto de denuncias al Ayuntamiento de Murcia, que el pasado año 2016 tuvo que gestionar un total de 302 reclamaciones por este motivo.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, el servicio de Contratación del Consistorio ha sacado a licitación una nueva póliza de responsabilidad civil-patrimonial con la que se pretende hacer frente a las reclamaciones o quejas de los vecinos y visitantes a partir del próximo 30 de junio, cuando vence el contrato que se encuentra actualmente en vigor. El plazo para la presentación de ofertas y licitación de la nueva póliza vence hoy lunes 22 de mayo, un contrato que tiene un valor de 500.000 euros anuales con la posibilidad de prorrogarlo hasta en cuatro ocasiones (con un valor total de 2,5 millones) y en cuyo pliego de prescripciones técnicas se detalla que estarán cubiertas situaciones derivadas de las actuaciones de los funcionarios, los daños causados por acequias o conducciones de agua propiedad del Ayuntamiento, así como por la contaminación del suelo o el aire de forma imprevista por un episodio accidental o los daños derivados del derribo o demolición de edificios.

Según el texto, las reclamaciones se pueden presentar en el plazo de un año desde que se produzca la lesión o el daño y es en ese momento cuando se inicia el expediente de reclamación patrimonial, un expediente ante el que cabe posteriormente recurso contencioso-administrativo.

Desde el Ayuntamiento indican que en el año 2015 se tramitaron 274 reclamaciones, una cifra que aumentó hasta las 302 en 2016. Asimismo, en estos primeros meses de 2017 el Consistorio ya ha recibido 116 quejas por estos motivos.

En la mayoría de los casos las reclamaciones que se interponen contra la Administración local están relacionadas por lesiones de personas que han sufrido caídas en la vía pública. Concretamente, de todas las presentadas el pasado año (302) la mitad (149) fueron por este motivo. Junto a estas también destacan aquellos requerimientos por daños en vehículos (causados por desprendimientos de ramas o socavones, entre otros) o en viviendas. Según el balance del propio Ayuntamiento, el conjunto de expedientes gestionados el pasado año sumaron un importe que superó los 1,3 millones de euros.

No obstante, destacan que la mayor parte de los expedientes abiertos son desestimados. En concreto, de los correspondientes a 2016, se desestimaron 156; 17 se estimaron; 3 se estimaron de forma parcial; en 5 se declaró la responsabilidad del contratista; 6 fueron desistidos; en 2 el Ayuntamiento se declaró no competente; y otros aún continúan en curso. Mientras que la vía contenciosa también suele acabar desestimando las reclamaciones en la mayoría de los casos.