El debate está sobre la mesa y es un gravamen que tarde o temprano el Ayuntamiento de Murcia aplicará a las compañías eléctricas y del gas por utilizar la vía pública y el subsuelo de la capital de la Región para sus instalaciones. En otras provincias como Asturias las corporaciones locales ya la están aplicando.

Se trata de una tasa, que en su día estuvo vigente en todo el territorio nacional y que fue derogada por una sentencia de la Unión Europea, y que ahora está siendo estudiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para su aplicación en los municipios. El cambio de criterio se ha producido por el fallo emitido por el Tribunal Supremo, que estima que los ayuntamientos pueden valorar como «construcciones» las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas a efectos del cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público local.

La sentencia del Supremo avala de esta forma las ordenanzas fiscales que se aprobaron en municipios de Zamora, Cáceres y La Coruña, y que fueron denunciadas por las compañías eléctricas y del gas. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, explicó a esta Redacción que a raíz de la sentencia del Supremo se ha creado un grupo de trabajo en la FEMP, de la que forma parte Encarna López, directora de la Agencia Municipal Tributaria de Murcia, con el fin de estudiar la implantación por parte de las corporaciones locales de esa tasa, que supondría un balón de oxígeno para las arcas municipales.

«Todo lo que sea legal lo vamos a poner en marcha. Somos partidarios de no gravar a los ciudadanos con más tributos, pero sí a las compañías de servicios que se instalen en el municipio», puntualizó el concejal de Economía y Hacienda, quien añadió que «en el debate de las ordenanzas fiscales de este año en el pleno municipal ya se puso encima de la mesa este tipo de gravámenes y ya adelantamos que nuestro compromiso era apoyar estos ingresos».

Por otra parte, el concejal de Economía y Hacienda está intentando cerrar contrarreloj el apoyo al presupuesto municipal de 2017 (está prorrogado el presupuesto de 2016 porque el PP no tiene mayoría absoluta) de los grupos de oposición. Así, Martínez-Oliva está buscando la forma de cumplir con una de las mayores reclamaciones de estos grupos de la oposición y que se centra en las inversiones en pedanías. En este sentido, el responsable de Hacienda ha sacado las cuentas y ha logrado habilitar 12 millones de euros del remanente de tesorería para estos proyectos, cantidad que sería extrapresupuestaria y no alteraría los capítulos de inversiones que ya hay previstos.

Estos 12 millones se sumarían a los más de 30 que el proyecto de presupuestos contempla en 2017 y a los 16 que también tiene previstos invertir el Ayuntamiento de Murcia para los proyectos de la recuperación del yacimiento de San Esteban, la rehabilitación de la Cárcel Vieja y la puesta en marcha del Corredor Verde.