La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha anulado un plan parcial que fue aprobado por el Ayuntamiento de Murcia en noviembre de 2011 porque no introdujo en la memoria ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la dirección general de Medio Ambiente.
La sentencia estima así en parte el recurso que presentó el Banco Gallego, entidad que, como consecuencia de la declaración de nulidad, no estará obligada a someterse a la ejecución por parte del Consistorio de los avales que prestó en su día a favor de una de las empresas promotoras del plan, Fadesa. El TSJ, que hace un pormenorizado recorrido por las múltiples vicisitudes por las que atravesó este plan parcial desde la aprobación del convenio urbanístico en febrero de 2006, señala que el mismo suponía el compromiso de entregar a las arcas municipales ochenta millones de euros por parte de las empresas que lo promovían.
Esas empresas eran, además de Fadesa, que aportaba casi el 19 por ciento de los terrenos, ubicados en la pedanía murciana de El Esparragal, Castillo Larache, Ideas y Desarrollos Urbanos, Mediterráneo Hispagroup y Tricenter Albamur, además de un particular. El texto del acuerdo a suscribir entre el Ayuntamiento y los promotores señalaba que con el mismo se trataba de promover la transformación urbanística y la delimitación de un sector de planeamiento parcial en suelo urbanizable con calificación dotacional-residencial.
También se incluía la delimitación de un plan especial que permitiera la sustitución del enclave económico-productivo por el uso residencial. Al estimar en parte el recurso que presentó el letrado Jorge Pérez Maldonado en nombre del Banco Gallego, la Sala declara la nulidad de la aprobación del plan parcial. Dice al respecto que «el Ayuntamiento de Murcia aprobó de forma definitiva el plan sin tomar en consideración, tal y como le exigía, la resolución de la dirección general de Medio Ambiente relativa a la memoria ambiental».
Desde el Ayuntamiento anunciaron ayer, tras conocerse la anulación, que los servicios jurídicos preparan el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia. Los servicios municipales entienden que se trata de la incorporación de un informe que se entiende que forma parte y está recogido en el documento final del plan parcial.
«Urbanismo chapucero»
El grupo municipal de Ahora Murcia ha lamentado este nuevo caso de «urbanismo chapucero e ilegal» en el municipio, en el que, según la concejala Ángeles Moreno, tienen responsabilidad directa tanto el actual alcalde, José Ballesta, como el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, que eran consejero de Fomento y director general de Urbanismo, respectivamente, en la época en la que se aprobó el plan. Moreno ha lamentado que, como ya ha ocurrido con otros planes urbanísticos del municipio, estén siendo anulados por carecer de informes obligatorios, lo que da cuenta de la «nefasta política urbanística local».
