La titular del Juzgado de Instrucción Númer0 Nueve de Murcia ha redactado un auto en el que exige, por mandamiento judicial, los informes que el IES Ingeniero de la Cierva fue elaborando antes y después del suicidio de Lucía, la niña de 13 años que en enero se quitó la vida en su domicilio de Aljucer.

Según se lee en el auto, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, los responsables de este centro educativo, al que iba la menor antes de cambiarse en mayo al Cascales, no facilitaron al Grupo de Menores (GRUME) los documentos sobre cómo gestionaron el acoso escolar al que era sometida Lucía, especialmente por parte de dos compañeros del instituto.

La juez ha abierto una investigación ante «unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la integridad moral/acoso escolar», detalla el auto.

Después del fallecimiento de Lucía, el GRUME comenzó a investigar «si se realizaron completamente los protocolos que han de llevar a cabo los centros educativos sostenidos con fondos públicos», recuerda la juez.

Sin embargo, en algunos de los informes que el IES de Patiño fue entregando a la Policía «no consta ni la fecha». Además, en ningún momento desde este centro «entregaron el Informe de Medidas Educativas Aplicadas por el Profesor» al principar acosador de Lucía, un niño inimputable por su edad (es menor de 14 años) y que, según otros informes del centro, admitió el bullying que hacía.

«También es de destacar que en ningún momento hicieron mención a un informe que se debe de hacer tras el protocolo, y que ha de ser dirigido al director del centro, en el que conste si existe o no acoso escolar», prosigue el auto. Este informe «tras la apertura del citado protocolo y en un tiempo máximo de cinco días, ha de ser puesto de manifiesto para la apertura o no del expediente disciplinario», precisa la juez.

En este sentido, «se quiere hacer constar que la jefa de Estudios no tenía conocimiento de que se debía de realizar ese documento».

Además, la juez apunta que el GRUME pidió a la orientadora del IES de la Cierva las anotaciones que había hecho sobre el caso de Lucía, y que esta «entregó un folio manuscrito en el que, según declaró en dependencias policiales, había sido confeccionado posteriormente a la solicitud policial».

Dada esta circunstancia, la juez exige al director del IES de Patiño que le dé «toda la documentación original solicitada por el Grupo de Menores» para aclarar qué hizo este instituto tras tener conocimiento del acoso que sufría la adolescente. Y lo hace porque «por parte del centro no aportaron en momento alguno los originales» durante la investigación de la Policía Nacional.

Y también redacta la juez mandamientos dirigidos a la orientadora del IES y al jefe de la Inspección de Educación de la Consejería que dirige Mª Isabel Sánchez-Mora. También pide los datos «recabados paralelamente a la investigación policial», en la investigación interna que la Consejería dijo que pondría en marcha.