Seis meses es el plazo del que dispone el Ayuntamiento de Murcia para revisar de oficio hasta 18 modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la adaptación a la Ley del Suelo de la Región que desde el grupo Ahora Murcia consideran ilegales. La formación municipal ha denunciado «el urbanismo a la carta» que se ha venido desarrollando en la capital en los últimos años con la aprobación de proyectos por parte del Ayuntamiento y la Comunidad que no contaban con los informes necesarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que garantizaran el abastecimiento de agua ni los planes de evaluación ambiental.
La concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol acusó ayer al Consistorio de tomar como norma en la época del 'boom' inmobiliario el cambiar los informes que competen al Estado, en este caso a la CHS, por otros de organismos no competentes como el Ente Público del Agua o Canales del Taibilla, «una estrategia que no le ha salido bien en el caso del plan parcial del Puente Tocinos, que el Supremo acaba de anular, o el de Joven Futura, y que no les saldrá bien en estos que hemos detectado. El Supremo ha acabado con esta sentencia con los argumentos esperpénticos que ha aportado el Consistorio», dijo Moreno Micol.
La revisiones que han solicitado desde Ahora Murcia afectan a más de 11 millones de metros cuadrados de edificabilidad, lo que equivale a 112.917 nuevas viviendas y entre los que se encuentran zonas como el Parque Científico Tecnológico, El Carmen, La Paz o terrenos en la Sierra de Carrascoy. «Planes con los que se liberó suelo para una previsión de 990.000 habitantes, duplicando la población actual de Murcia sin tener en cuenta los servicios necesarios como hospitales, escuelas o zonas verdes», dijeron.
Las concejalas Ángeles Moreno y Alicia Morales, junto al portavoz de Podemos y diputado Óscar Urralburu, indicaron que el objetivo es que el Ayuntamiento revise estas modificaciones y los anule de oficio, ya que es necesario buscar un nuevo planeamiento urbanístico que se sitúe dentro de la legalidad y sea sostenible.
En este caso señalaron que el Ayuntamiento dispone de seis meses para estudiar la petición, contestar, enviarlo al Consejo Jurídico (como acaba de ocurrir con el Plan Fuensanta) y anularlo. De lo contrario irán a los tribunales.
De las 18 revisiones que se han solicitado 6 corresponden a modificaciones aprobadas por la Comunidad y 12 a otras aprobadas por el Ayuntamiento, «muchas de las cuales son de la zona del Campo de Murcia para beneficiar a los resort», afirmó Moreno Micol. En cuanto a la adaptación del PGOU al Plan General, que se aprobó en 2005, las concejalas de Ahora Murcia denunciaron que afectó a 72 millones de metros cuadrados de huerta , de los que 47 millones de metros cuadrados quedaron sin protección y 15 millones pasaron a urbanizable.
