El Gobierno local, a través de la concejalía de Hacienda, está preparando ya los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia para 2017, unas previsiones que deben ser aprobadas por mayoría absoluta. Y es en este detalle donde lo tiene más difícil el PP. Los de este año contaron con el apoyo de una parte de la oposición que, en esta ocasión, en un primer momento no tiene intención de ponérselo fácil a los populares.

La concejalía de Hacienda es consciente de este inconveniente, ya que también tuvo que emplearse a fondo para sacar las ordenanzas fiscales adelante (fueron aprobadas con el voto a favor del PP y gracias a la abstención del PSOE). Por ello, tiene la intención de basar los presupuestos en dos premisas que hagan difícil a una parte de la oposición justificar su rechazo. Según explicó el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, su departamento quiere aumentar el dinero destinado a las pedanías con el fin de aproximarse a la sentencia dictada por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Murcia, en la que fallaba que los pueblos que integran el municipio deben gestionar el 8% del total de fondos del Ayuntamiento. Este fallo se produjo a raíz de una denuncia interpuesta por el alcalde Sucina, el socialista José Mercader, y es una de los frente de lucha de los socialistas.

Martínez-Oliva explicó que se diseñarán unas basas de ejecución presupuestaria, que puedan contemplar el cumplimiento de esa sentencia. «Intentaremos llegar al 8%, descontando ciertos gastos que deben ser excluidos, como lo que cuesta el servicio de bomberos o policía, o los funcionarios que prestan servicio a todo el municipio, o la amortización de la deuda», indicó el concejal de Hacienda, quien añadió que «por primera vez cada pedanía tendrá su presupuesto, que irá en el capítulo de Descentralización». Además, también estudian que los remanentes de tesorería de las inversiones de los pueblos no vayan a un fondo común como ahora, sino que «no lo pierdan, ya que se adscribirá a la pedanía en la que no se haya realizado la inversión».

En caso de que ningún grupo del Ayuntamiento dé su apoyo al Gobierno local, los populares se verían obligados a prorrogar los presupuestos de 2016, una posibilidad que marca la ley y que impediría por ejemplo aprobar las inversiones de una tacada. «Tendríamos que ir una a una aprobándolas», comentó el edil. Otra de las dudas es si se podría aplicar la subida de sueldo a los funcionarios pactada. La legislación vigente establece que la junta de gobierno puede aprobarlos directamente, sin pasar por pleno, una vez que hayan sido prorrogados durante dos años.