La guardería de La Paz fue derribada en 2007 para dejar paso al proyecto de remodelación de este barrio de la ciudad, un caso que lleva en los tribunales desde hace años y que ha sido cerrado y reabierto en tres ocasiones. Ahora, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia de Murcia) ha dado un paso más para llegar al final y ha emitido una providencia en la que cinco días tanto a la actual consejera de Agricultura y exconcejala, Adela Martínez-Cachá, para que se persone y presente alegaciones.

Esta resolución se produce tras la petición de la jueza de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, que lleva este caso, que ha solicitado que la alto cargo sea imputada, una decisión que tendrá que tomar el TSJ al estar aforada por ser miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en calidad de consejera de Agricultura. Fuentes judiciales han indicado que este providencia del Tribunal Superior de Justicia es el primer paso para decidir si Cachá debe ser o no investigada por el derribo de La Paz, una demolición que se produjo cuando ella era concejala del Ayuntamiento de Murcia y que ella votó a favor en junta de gobierno

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La jueza que instruye el caso consideró en su día que ya había cumplido todos los requerimientos que hizo la Audiencia Provincial cuando reabrió el caso y estima que lo único que le falta es interrogar a Cachá, algo que no puede hacer en calidad de investigada si el TSJ no lo permite por estar aforada.

El TSJ en su providencia también da cinco días para que se persone la parte denunciante. En este caso han sido imputados de momento el exalcalde Miguel Ángel Cámara, el promotor de la remodelación de la Paz José López Rejas, la actual concejala María del Carmen Pelegrín y los exediles, Joaquín Moya-Angeler y Antonio Castillo, los tres últimos por participar en la junta de gobierno en la que se votó favorablemente el derribo.