Diagnosticar los principales problemas que afectan a la universidad española, proponer soluciones realistas y trabajar para que sean adoptadas por las instituciones pertinentes mediante el diálogo y la colaboración. Con estos tres principios surge la Facultad Invisible, «una asociación sin ánimo de lucro ni filiaciones políticas dedicada a la mejora del sistema educativo universitario español», como se define en su web (lafacultadinvisible.com). Sus más de 130 miembros conocen muy bien el mundo académico y tienen los mejores expedientes del país, pues todos han sido premios o menciones nacionales Fin de Carrera en sus respectivas promociones.
Entre ellos destaca Germán Teruel (Murcia, 1986), Premio Nacional en Derecho, coordinador de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Facultad Invisible y actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia (UMU). Con el mismo espíritu abierto y crítico que sus compañeros, resultado de su excelente formación, Teruel explica claramente cuáles considera que son los desafíos a los que se enfrenta la universidad y lo hace planteando unas preguntas a las que responde: «¿Queremos formar meros profesionales que actúan mecánicamente o ciudadanos doctos en una disciplina con espíritu crítico y sentido humanista?, ¿queremos una universidad de masas o una de élites? Yo querría una universidad que no sea de élites pero tampoco de masas, que forme a estudiantes universitarios que asuman con responsabilidad y autonomía el serlo», asegura.
Una de las principales virtudes del sistema español es que «hay investigadores de excelencia con notable prestigio internacional que son ejemplares. Aún más, porque precisamente en España no se cuentan con los medios materiales y la financiación que tienen otros países y, a pesar de ello, seguimos encontrando grupos de investigación competitivos reconocidos internacionalmente», asevera Teruel.
En el lado contrario, destaca, por ejemplo, «la burocratización de los trabajos de los profesores. Los docentes universitarios deben estudiar, investigar y dar clases. Sin embargo, en la universidad actual se pierde el tiempo en tareas burocráticas y en una infinidad de informes administrativos inútiles».
El presidente de la Facultad Invisible es Juan Margalef, Premio Nacional en Matemáticas, investigador predoctoral y actual profesor en la Universidad Carlos III, quien comenta a esta Redacción que el origen de esta asociación está en el foro de 'Jóvenes Investigadores Precarios', «en el que nos conocimos muchos de los miembros actuales y vimos que teníamos inquietudes comunes. Los recortes y el retraso en la concesión de los Premios Fin de Carrera que vivimos durante años sirvieron también como acicate para que decidiésemos unirnos».
Margalef deja claro que, pese a contar con expedientes brillantes, la Facultad Invisible «nace con vocación plural» y por eso sus puertas están abiertas «a cualquier persona interesada en hacer de la universidad española una institución más eficiente, prestigiosa y comprometida con los procesos de transformación social». Entre sus proyectos destaca un servicio de orientación a través de las redes sociales como Twitter y correo electrónico, con el que cualquier universitario o futuro estudiante puede conocer los entresijos de algunas de las consideradas como mejores universidades de España o de otros países. Y todo a través de las experiencias de otros compañeros.
Otro de los proyectos de la Facultad Invisible es un programa de financiación solidaria por medio de 'crowdfunding' o micromecenazgo, con el que pretende conseguir subvenciones para que una decena de estudiantes con expedientes brillantes y limitaciones económicas puedan desarrollar su carrera sin trabas.
Para cumplir con su objetivo fundacional, el de conseguir un mejor sistema universitario, los miembros de la Facultad Invisible están trabajando para sacar a la luz un informe que exponga los diez principales problemas que afectan a la universidad pública y despertar el debate social en torno a ellos. Esperan que esté listo para final de año y lo harán «examinando los datos facilitados por el ministerio de Educación y otros organismos oficiales, estudiando la bibliografía especializada y consultando la opinión de profesores, alumnos y personal de administración y servicios (PAS) de los centros españoles».
