«Espero que se haya podido aclarar todo y que se pueda terminar definitivamente con las dudas. Yo simplemente actúe como un concejal más en la junta de gobierno en la aprobación inicial de un plan parcial que a día de hoy está en tramitación y todavía no se ha aprobado». Con estas palabras pronunciadas tras salir de declarar del juzgado, el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara se desmarcaba de cualquier responsabilidad en el caso de presunta corrupción urbanística por la compraventa de unos terrenos en Baños y Mendigo que pertenecían a sus suegros.

Cámara declaró en la Ciudad de la Justicia citado por el juez instructor del caso Umbra, David Castillejos, como investigado en una pieza separada del caso para aclarar si pudo favorecer a sus suegros e, indirectamente, a sí mismo, con la venta. En unas declaraciones a los periodistas que aguardaban su entrada, y acompañado por su abogado, José María Caballero, el ex regidor destacó que no intervino ni participó en la venta de unos terrenos de sus suegros, ya que no le pertenecían y la tramitación administrativa de la solicitud de un plan parcial se realizó «con arreglo a lo establecido en la legislación».

En concreto, la venta se refería a algo menos del 10 por ciento del terreno de la actuación urbanística, que ascendía a aproximadamente 107.000 metros cuadrados, y ello por valor algo inferior a dos millones de euros.

Cámara aseguró que había contestado a todo lo que se le había requerido y mostró su deseo de que todo este proceso «se aclare y se pueda terminar. Espero que se pueda haber aclarado todo», remarcó, a la vez que reconocía que no echa de menos la alcaldía de Murcia después de su regreso a la Universidad de Murcia, donde confesó sentirse «contento y feliz», ya que regresó a su profesión y vocación «al cien por cien sin pensar en otra cosa».

En el auto, el juez explica que Tomás Meroño y Francisca Balsalobre, suegros de Cámara, tenían una finca en la pedanía murciana de Baños y Mendigo incluida en una actuación urbanística que supuso unas plusvalías «muy elevadas», con el consiguiente enriquecimiento para sus vendedores. Esta operación, según el juez, viene a enlazar con la investigación patrimonial del grupo familiar de Cámara, que «ofrece incrementos constantes a lo largo de los años».

Según el juez, una de las posibles explicaciones de este incremento sería «la entrega de dinero por los vendedores a la esposa de Cámara a una cuenta común con el entonces alcalde o a la que tenía acceso el mismo». El juez explica que lo que se trataba de determinar es si Cámara se sirvió de su cargo público para favorecer a los familiares directos de su esposa. A su juicio, los indicios recabados, sustentados en los informes de la Agencia Tributara e información exhaustiva de carácter bancario, «dan lugar a seguir esclareciendo lo ocurrido». Se trata, añade, de hechos que «se cristalizan en la compraventa de las fincas, reportando grandes beneficios a sus vendedores».